58 ayuntamientos avalan la “Ley de No Deuda” en Michoacán; reforma avanza a publicación


Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- La reforma constitucional conocida como “Ley de No Deuda” en Michoacán obtuvo el respaldo de 58 ayuntamientos del estado, con lo cual se cumple el requisito constitucional de aprobación por parte de la mayoría de los municipios para validar la modificación impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que ya fueron recibidas 58 actas de Cabildo en las que se avala la reforma, superando el requisito establecido en la Constitución Política de Michoacán, que exige la aprobación de al menos el 50 por ciento más uno de los ayuntamientos para validar cambios constitucionales.

Reforma busca limitar la contratación de deuda pública

El encargado de la política interna explicó que, al cumplirse el número requerido de avales municipales, queda formalmente aprobada la modificación constitucional denominada Ley de No Deuda, la cual establece límites para evitar la contratación de deuda pública de largo plazo por parte del Poder Ejecutivo estatal.

La reforma forma parte de las iniciativas impulsadas por el gobierno estatal para fortalecer el manejo de las finanzas públicas y prevenir escenarios de endeudamiento en la administración estatal.

Congreso y Periódico Oficial concluirán el proceso

Zepeda Villaseñor detalló que, tras cumplir con el procedimiento constitucional correspondiente, el Congreso del Estado deberá dar formalidad al trámite legislativo, para posteriormente remitir el decreto al Periódico Oficial del Estado, donde se realizará su publicación.

Una vez publicado el decreto, la reforma constitucional entrará en vigor en la entidad.

Buscan garantizar finanzas públicas responsables

El secretario de Gobierno señaló que la Ley de No Deuda busca proteger el patrimonio y las finanzas públicas de las y los michoacanos, al impedir que se repitan escenarios de endeudamiento registrados en administraciones pasadas.

De acuerdo con el funcionario estatal, la reforma pretende garantizar una política financiera responsable y sostenible para el estado.