Ciudad de México, 4 de diciembre de 2025.– Con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas, con el propósito de garantizar el acceso equitativo, sostenible y justo al agua como derecho humano, así como reforzar la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico.

El dictamen también reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Fue presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con iniciativas impulsadas por legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT y MC.

Reglamentación del derecho humano al agua

La nueva Ley General de Aguas reglamenta el artículo 4º constitucional, reconociendo el agua como un derecho humano interdependiente de otros derechos fundamentales. Establece las competencias entre los tres niveles de gobierno y promueve la participación ciudadana, con especial reconocimiento a los sistemas comunitarios en zonas indígenas y rurales.

Entre sus disposiciones, la ley contempla:

• Uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.

• Definición de responsabilidades de los gobiernos federal, estatal y municipal.

• Cultura del agua mediante educación y participación social.

• Perspectiva de género, interculturalidad y enfoque ecosistémico en la gestión del agua.

Reformas clave en la Ley de Aguas Nacionales

El dictamen incorpora nuevos conceptos como seguridad hídrica, reúso de aguas residuales tratadas, y responsabilidad hídrica para todos los actores del sistema. Además, establece que los derechos de concesión ya no serán transferibles y que cualquier reasignación será gestionada exclusivamente por “la Autoridad del Agua”.

Se redefine el Registro Nacional del Agua y se crea un fondo de reserva de aguas nacionales, integrado por volúmenes recuperados de concesiones extinguidas, cesiones o preferencia de derechos. La reasignación será prioritaria para consumo humano.

Sanciones y delitos relacionados con el uso ilegal del agua

La nueva ley endurece las sanciones por desvío, sobreexplotación, contaminación o uso irregular del agua. Se contempla hasta cinco años de prisión por alterar cauces o desviar flujos sin autorización, y sanciones administrativas como la suspensión o revocación de permisos, así como clausuras temporales o definitivas.

En casos de reincidencia, las multas pueden incrementarse hasta en una tercera parte. Además, se prevén sanciones penales para servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción relacionados con concesiones o permisos.

En discusión en lo particular

Tras la aprobación en lo general, se abrió el debate en lo particular. El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, en funciones de presidente de la Mesa Directiva, informó que se presentaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto, lo cual anticipa un amplio debate en las siguientes sesiones.