Michoacán, a 15 de enero de 2026.- El Poder Judicial del Estado de Michoacán aprobó un reglamento que regula las acciones del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer una justicia más incluyente y con enfoque de derechos humanos.

El instrumento fue avalado por el Órgano de Administración Judicial y establece las bases para la operación, integración y atribuciones del Comité en todas las áreas del Poder Judicial, tanto jurisdiccionales como administrativas.

El Reglamento define que el Comité será responsable de diseñar, coordinar, impulsar y evaluar políticas, programas, acciones de capacitación y sensibilización, así como lineamientos y protocolos internos, orientados a garantizar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre los sectores contemplados se encuentran mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; integrantes de la comunidad LGBTIQ+; personas de pueblos y comunidades indígenas y originarias; personas adultas mayores y personas afrodescendientes.

De manera innovadora, el documento incorpora a los seres sintientes, también conocidos como animales, reconociendo su derecho a la vida, a la integridad y a la salud, así como a recibir un trato digno, libre de crueldad o explotación.

Principios del Reglamento

El Reglamento también establece principios rectores como certeza, disciplina, equidad, igualdad y no discriminación, legalidad y transparencia, con el fin de asegurar que las decisiones del Comité estén debidamente fundamentadas y respondan al interés social.

Además, regula la periodicidad y modalidad de las sesiones, los mecanismos de toma de decisiones y atribuciones específicas, como la propuesta de lineamientos de accesibilidad e inclusión, programas de capacitación, elaboración de informes y coordinación con instituciones públicas, organismos autónomos, organizaciones civiles y académicas.

Con esta aprobación, el Poder Judicial de Michoacán avanza en la consolidación de una cultura institucional de inclusión, respeto y atención a los derechos humanos, incorporando una visión que amplía la protección a sectores históricamente vulnerados.