Apatzingán, Michoacán, México, 20 de octubre de 2025.– Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue asesinado el lunes en el estado mexicano de Michoacán, según confirmaron autoridades locales. El dirigente había denunciado públicamente la extorsión que sufren los productores de limón en esta región del occidente de México, una de las principales zonas agrícolas del país.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el cuerpo de Bravo Manríquez fue hallado sin vida dentro de su vehículo en un camino rural cercano al municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, zona históricamente afectada por la violencia del crimen organizado. El cadáver presentaba impactos de bala y signos de violencia, por lo que se inició una investigación bajo el protocolo de homicidio doloso.

Bernardo Bravo, de 58 años, era una figura reconocida dentro del sector agrícola regional y había encabezado múltiples denuncias públicas sobre el cobro de “cuotas” ilegales impuestas a los productores por grupos criminales. En entrevistas previas, advirtió que el crimen organizado estaba afectando la producción y comercialización del limón en Michoacán, estado que representa más del 20% de la producción nacional de este cítrico.

Un detenido en la investigación

Como parte de las diligencias, la FGE informó sobre la detención de un presunto implicado en el asesinato. Se trata de Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano, quien sería parte de una célula criminal con presencia en la región, de acuerdo con reportes oficiales. Su captura fue anunciada por autoridades estatales en el marco de las investigaciones en curso.

El campo bajo presión

Michoacán ha sido uno de los estados más golpeados por la violencia contra productores agrícolas en los últimos años. Informes de medios nacionales señalan que el crimen organizado ha ampliado sus redes de extorsión al sector agroindustrial, incluyendo a productores de aguacate, berries y limón.

El caso de Bravo Manríquez ha generado expresiones de preocupación por parte de organizaciones civiles y del propio gremio agrícola. Líderes regionales han reiterado la necesidad de mayores garantías de seguridad para quienes se organizan y denuncian públicamente las condiciones de violencia y coerción en el campo mexicano.