Bedolla celebra reforma que prohíbe deuda estatal a largo plazo


• El Ejecutivo destacó que la reforma aprobada por el Congreso impide contratar deuda pública que exceda el periodo de gobierno y fija principios de responsabilidad financiera

Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la aprobación, por parte del Congreso del Estado de Michoacán, de la reforma constitucional que prohíbe al Poder Ejecutivo contratar deuda pública de largo plazo que rebase la duración de su administración.

La modificación adiciona dos últimos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución Política del Estado y establece que la contratación de deuda deberá sujetarse a los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia.

“Michoacán no se endeudará más; venimos a dar soluciones y no a dejar deuda”, señaló el mandatario estatal tras la votación del dictamen en sesión ordinaria.

Prohibición constitucional para futuras administraciones

Con la reforma, ninguna administración estatal podrá comprometer recursos más allá de su periodo constitucional, lo que implica que los créditos de largo plazo no podrán trasladarse a gobiernos sucesores.

“A partir de hoy, ninguna administración podrá heredar compromisos financieros que hipotequen el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes; los recursos del pueblo ahora se quedan en el pueblo para construir obras y programas, no para pagar intereses de deudas irresponsables”, afirmó.

El mandatario informó que durante su gestión se han ejecutado obras de infraestructura sin contratar deuda pública de largo plazo, con una inversión superior a 40 mil millones de pesos, derivada —dijo— de un manejo responsable de las finanzas estatales.

Reforma en proceso de validación constitucional

El decreto aprobado por el Congreso deberá ser remitido a los ayuntamientos para su votación, como parte del procedimiento de reforma constitucional previsto en la ley.

Una vez concluido ese proceso, el Legislativo tendrá un plazo para armonizar el marco jurídico estatal conforme a la nueva disposición que limita el endeudamiento de largo plazo.