Morelia, Michoacán, 13 de febrero de 2026.– El gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que en el estado es posible gobernar sin endeudar a futuras generaciones, tras informar que en los últimos cuatro años se han invertido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura sin contratar deuda pública.

El mandatario señaló que la reciente aprobación de la reforma constitucional por parte del Congreso local prohíbe al Poder Ejecutivo contratar deuda pública de largo plazo, lo que establece un límite a compromisos financieros que trasciendan la administración en turno.

“Gobernar con honestidad y disciplina financiera sí es posible, vine a dar soluciones y no a hipotecar el futuro de los michoacanos”, afirmó.

Reforma constitucional en materia de deuda

El dictamen aprobado contempla la adición de dos últimos párrafos a la fracción XII del artículo 44 de la Constitución Política del Estado. Establece que la contratación de deuda pública deberá regirse bajo principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia.

Además, determina que la deuda no podrá exceder la duración de la administración estatal en curso.

Cuando presentó la iniciativa en diciembre pasado, el gobernador expuso que en los últimos 25 años la deuda pública estatal creció 640 por ciento. Señaló que solo en el ejercicio fiscal 2025 se destinaron más de 6 mil 300 millones de pesos al pago de obligaciones financieras heredadas.

Inversión en infraestructura sin contratar deuda

Ramírez Bedolla explicó que, con un manejo responsable de las finanzas públicas, su administración impulsa obras como los teleféricos de Morelia y Uruapan, distribuidores y puentes superiores vehiculares, el mercado de Pátzcuaro, tramos carreteros y el segundo anillo periférico de la capital.

Indicó que estos proyectos forman parte de una estrategia de infraestructura orientada a mejorar la movilidad, el comercio y la conectividad regional, sin recurrir a financiamiento que comprometa presupuestos futuros.

El gobernador sostuvo que la reforma busca garantizar que ninguna administración herede compromisos financieros de largo plazo, estableciendo un marco constitucional para el manejo responsable de la deuda pública en el estado.