MMC | Myriam Martínez Comunica

Belinda Iturbide plantea reforma para fomentar participación de mujeres en el desarrollo rural

Morelia, Michoacán, 5 de junio de 2025.– Con el objetivo de fomentar la inclusión de las mujeres en el campo y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, la diputada local Belinda Iturbide Díaz presentó una iniciativa para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán promueva políticas con enfoque de género en el sector agropecuario.

La propuesta legislativa busca reformar la fracción XXV y adicionar la fracción XXVI al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, otorgando atribuciones específicas a la Sader para el diseño e implementación de programas que impulsen la participación de mujeres rurales.

Mujeres, clave para el desarrollo sostenible del campo

La legisladora del Distrito de Puruándiro advirtió que, aunque las mujeres representan el 13.3% de la mano de obra agropecuaria en Michoacán, siguen enfrentando obstáculos para acceder a recursos productivos, financiamiento y capacitación. “Es urgente incorporar a las nuevas generaciones al campo, pero también garantizar el reconocimiento de quienes ya trabajan en él, en su mayoría mayores de 45 años”, puntualizó.

Iturbide Díaz subrayó que la reforma contempla la colaboración de la Sader con el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, para consolidar políticas públicas que reconozcan el rol estratégico de las mujeres rurales en la transformación del sector.

Autosuficiencia alimentaria con enfoque de género

La diputada destacó que la autosuficiencia alimentaria no solo garantiza el bienestar de la población, sino que fortalece la soberanía productiva del estado, al tiempo que promueve prácticas agroecológicas y sostenibles. “Las mujeres rurales deben ser parte activa de las decisiones, del acceso a programas y de la transformación del campo”, sostuvo.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un modelo de desarrollo rural más justo e inclusivo, donde la perspectiva de género no sea una excepción, sino un eje transversal de la política pública.