Washington D. C., 26 de octubre de 2025. — El gobierno de Estados Unidos ha entrado en una nueva paralización parcial (shutdown) tras el vencimiento del plazo legal para aprobar un nuevo paquete presupuestario, generando la suspensión de servicios públicos considerados “no esenciales” y dejando a cientos de miles de empleados federales sin sueldo temporalmente.
El cierre entró en vigor a la medianoche del viernes 1 de octubre, luego de que el Congreso no lograra alcanzar un acuerdo bipartidista sobre el gasto fiscal. Las diferencias entre republicanos y demócratas, especialmente en torno a partidas destinadas a programas sociales, migración y defensa, impidieron que se aprobara una ley de financiamiento temporal.
¿Qué implica la paralización?
Con la entrada en vigor del shutdown:
Se estima que entre 700.000 y 800.000 empleados federales han sido suspendidos sin sueldo, mientras que otros tantos continúan trabajando sin remuneración.
Se han interrumpido o reducido servicios como la emisión de pasaportes, mantenimiento de parques nacionales y trámites de vivienda y beneficios civiles.
Las agencias federales de seguridad nacional, control aéreo y servicios médicos de emergencia continúan operando bajo planes de contingencia, aunque con personal reducido.
Según la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), la paralización afecta a todos los departamentos y agencias que no tengan asignaciones presupuestarias aprobadas, entre ellos Transporte, Educación, Interior, Justicia y parte del Pentágono.
El origen del desacuerdo
El conflicto tiene raíces profundas en la polarización política que domina al Congreso. Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes, liderados por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, exigían recortes drásticos al gasto en programas sociales, los demócratas del Senado defendían la necesidad de mantener el financiamiento de programas sanitarios, educativos y de ayuda alimentaria.
“Una minoría radical está secuestrando el funcionamiento del gobierno”, declaró el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), al cierre de la sesión. Por su parte, Johnson afirmó que “el pueblo estadounidense no quiere más gasto irresponsable”, justificando su rechazo a un presupuesto provisional sin reformas.
La Cámara de Representantes ha suspendido las votaciones por quinta semana consecutiva, mientras que el Senado ha fracasado en 11 intentos de votación para reabrir el gobierno. “Ambas partes están atrincheradas”, dijo John Thune, líder republicano del Senado.
Impacto económico y social
De mantenerse el cierre, las consecuencias económicas podrían ser significativas. De acuerdo con Moody’s Analytics, una paralización de dos semanas podría reducir el crecimiento económico del cuarto trimestre en hasta 0,2 puntos porcentuales, es decir, cerca de 15.000 millones de dólares por semana.
Más de 500.000 trabajadores federales han perdido ya su primer cheque de pago completo, mientras que contratistas del gobierno —que no reciben pagos retroactivos— también están siendo afectados. Se estima que se están dejando de adjudicar 800 millones de dólares diarios en contratos federales, lo que impacta especialmente a pequeñas empresas.
El programa SNAP, que asiste a 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, dejará de emitir beneficios el 1 de noviembre si no se resuelve la situación. El Departamento de Agricultura advirtió: “En definitiva, el pozo se ha secado”.
Postura del Ejecutivo
El presidente Donald Trump ha manifestado que trabajadores “no esenciales” podrían no recibir su salario retroactivo. “Vamos a despedir a mucha gente”, declaró el 30 de septiembre. El 7 de octubre añadió que algunos empleados “no merecen que se les cuide”. Estas afirmaciones marcan un cambio respecto a cierres anteriores, donde se garantizaban pagos tras la reapertura.
Para cubrir parte de los salarios militares, el Pentágono aceptó una donación anónima de 130 millones de dólares, revelada por el propio Trump. Actualmente, unos dos millones de soldados activos están en riesgo de quedar sin pago.
¿Qué sigue?
Para reanudar el funcionamiento gubernamental, el Congreso debe aprobar una “continuing resolution”, o resolución provisional de financiamiento, que extienda temporalmente los fondos mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, las posturas enfrentadas y el calendario político hacen incierto un acuerdo inmediato.
Con las festividades de noviembre y diciembre cada vez más cerca, la incertidumbre crece. A medida que el shutdown se prolonga, también lo hacen sus consecuencias: empleados sin sueldo, programas sociales congelados, presión económica acumulada y una creciente desconfianza institucional. Una solución no parece cercana.
