- Jueces sin rostro: Cámara de Diputados aprueba reforma entre polémica
- La CIDH cuestiona su legalidad; Leonel Godoy defiende su implementación como medida temporal.
- Protección para jueces en casos extremos
La Cámara de Diputados aprobó la adición al artículo 20 constitucional para introducir la figura de jueces sin rostro, diseñados para actuar en casos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado. Esta medida busca proteger la identidad de los juzgadores en un contexto de extrema violencia.
Críticas de la CIDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su oposición, argumentando que esta figura infringe el artículo 8.1 de la Convención Americana, ya que los procesados no podrán evaluar la idoneidad y competencia de los jueces.
Sin embargo, el diputado Leonel Godoy Rangel señaló que la medida será temporal y limitada a casos específicos.
“Los jueces sin rostro no intervendrán en delitos comunes ni civiles, solo en crímenes de extrema violencia. Es una solución extraordinaria para una situación extraordinaria”, afirmó Godoy.
El debate sobre el debido proceso
El diputado destacó que el concepto de debido proceso ha sido malinterpretado, permitiendo la liberación de delincuentes peligrosos por errores técnicos.
“No puede ser que se prioricen fallas procesales sobre las pruebas que confirman delitos atroces”, dijo, citando el caso Ayotzinapa como ejemplo.
Supervisión y rendición de cuentas
Godoy aclaró que los jueces sin rostro estarán sujetos a los mismos controles de idoneidad e imparcialidad que otros juzgadores, bajo la supervisión del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Además, pidió extender la protección a ministerios públicos, policías y otros operadores del sistema de justicia.
Reformas integrales al sistema penal
La implementación de jueces sin rostro es parte de una reforma más amplia al sistema penal mexicano.
“El sistema estaba podrido y requiere cambios profundos en todas sus áreas. La lucha contra el crimen organizado exige soluciones efectivas que protejan a víctimas y operadores de justicia”, concluyó Godoy.
Este avance legislativo busca equilibrar la protección de derechos humanos con la necesidad de garantizar justicia, aunque las controversias en torno a su aplicación continúan abiertas.
