En una histórica votación, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que reducirá el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Con 86 votos a favor y 41 en contra, el dictamen logró la mayoría calificada requerida para su aprobación, gracias al respaldo de senadores de Morena, PVEM, PT y Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN.
La reforma, que busca transformar profundamente el sistema judicial mexicano, contempla también la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, el establecimiento de un nuevo órgano administrativo independiente, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que contará con magistrados elegidos por voto popular. Este nuevo tribunal tendrá la facultad de sancionar a servidores públicos del Poder Judicial, lo que se espera contribuya al combate de la corrupción y al fortalecimiento de la justicia en el país.
El dictamen fue discutido ampliamente, con argumentos a favor y en contra. Los defensores de la reforma destacaron que esta iniciativa permitirá una mayor democratización del Poder Judicial, mientras que quienes se opusieron, principalmente del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la calificaron como peligrosa para la independencia de este poder.
Entre los puntos más controvertidos, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal fue objeto de debate, ya que será sustituido por un órgano administrativo con autonomía técnica y de gestión. Además, se prevé que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto directo de la ciudadanía, lo que, según los legisladores de Morena, permitirá mayor legitimidad y transparencia en la impartición de justicia.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, argumentó que la reforma otorga a los ciudadanos el control sobre un Poder Judicial que debe estar al servicio de la gente. Por su parte, Gina Gerardina Campuzano González, del PAN, advirtió que esta propuesta es “profundamente peligrosa”, señalando que debilitará la estructura judicial y afectará la protección de los derechos de los mexicanos.
En el mismo sentido, Cynthia Iliana López Castro, del PRI, sugirió la realización de una consulta popular para que la ciudadanía decida si desea o no una reforma al Poder Judicial. Waldo Fernández González, del PVEM, expresó que esta reforma es la respuesta a un reclamo histórico de la sociedad que exige un cambio en un sistema judicial considerado por muchos como corrupto e ineficiente.
Finalmente, tras la emisión de 127 votos, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, celebró la aprobación de la reforma, felicitando a los senadores por este importante paso hacia la transformación del Poder Judicial en México.
