MMC | Myriam Martínez Comunica

Congreso aprueba reformas para transparentar cobros de grúas y corralones en Michoacán

Morelia, Michoacán, 20 de junio de 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad reformas estructurales a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de frenar la corrupción y los abusos en el servicio de grúas y corralones. La propuesta fue impulsada por el diputado Hugo Rangel Vargas, presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones.

“La ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin reglas claras. Estas reformas colocan el interés público por encima del negocio privado”, sostuvo Rangel durante la sesión legislativa.

La reforma delimita con precisión los motivos por los que un vehículo puede ser remitido al depósito, armoniza reglamentos municipales con la legislación estatal, y establece que las tarifas por arrastre, salvamento y resguardo de vehículos deben ser públicas, autorizadas por el Congreso y supervisadas por la Secretaría de Finanzas bajo los lineamientos de la Ley de Gobierno Digital.

Transparencia y justicia para los usuarios

“Queremos que la gente sepa cuánto cuesta el servicio y por qué. Eso es transparencia, eso es justicia”, subrayó el legislador petista. Las nuevas disposiciones también exigen la implementación de un sistema informático para registrar cada ingreso y salida de vehículos, así como medidas de conservación y resguardo adecuados en los depósitos.

Además, se adicionan fracciones al artículo 42 que obligan a la Secretaría de Seguridad Pública a garantizar el cumplimiento de las tarifas autorizadas y a establecer reglas claras de operación para los depósitos vehiculares.

Reforma contra la impunidad y en favor de la ciudadanía

Rangel Vargas destacó que la reforma representa un acto de justicia para miles de michoacanos afectados por un sistema arbitrario.

“El negocio de las grúas ya no será tierra de nadie. Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad”, concluyó.

La iniciativa retoma buenas prácticas del reglamento federal en materia de autotransporte, y marca un precedente en la regulación de un servicio históricamente opaco y cuestionado por la sociedad.