Morelia, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- El Congreso de Michoacán concretó durante 2025 la totalidad de las reformas constitucionales y legales que integran el Plan Morelos, un paquete de cambios que redefine el marco de derechos, justicia social y desarrollo en la entidad, informó la diputada Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política.

La legisladora detalló que, con esta consolidación, el Congreso de Michoacán armonizó al 100 por ciento la Constitución local con la Constitución federal, colocando a Michoacán entre las entidades con mayor avance normativo en materia de derechos colectivos e individuales.

Reconocimiento pleno a pueblos indígenas

Entre los cambios más relevantes del Plan Morelos se encuentra el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad plena para ejercer su autonomía.

A ello se suma la aprobación del presupuesto directo para comunidades indígenas, medida que garantiza el manejo autónomo de recursos públicos y fortalece el principio de libre determinación.

Reforma judicial y derechos sociales garantizados

Durante 2025 también se concretó la reforma al Poder Judicial del Estado, orientada a mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana.

Otro de los ejes fue la elevación de los programas sociales a rango constitucional, con el objetivo de asegurar que los derechos al bienestar no dependan de cambios políticos o de gobierno.

Un nuevo marco constitucional en Michoacán

Fabiola Alanís señaló que estas reformas configuran un modelo constitucional de enfoque humanista, que reconoce la diversidad social, busca reducir desigualdades estructurales y prioriza a sectores históricamente excluidos.

Indicó que la aprobación total del Plan Morelos fue resultado de la mayoría legislativa del bloque progresista y de un proceso político basado en el diálogo y los acuerdos.

“En 2025 se consolidó un nuevo pacto social para Michoacán, con derechos garantizados y reconocimiento pleno a los pueblos indígenas”, expresó la legisladora.

Finalmente, subrayó que este conjunto de reformas marca un punto de inflexión en la historia legislativa del estado y sienta bases jurídicas para la continuidad de estas políticas en los próximos años.