Nueva York, 7 de enero de 2026.- La reciente acción de Estados Unidos contra Venezuela provocó una profunda división en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde numerosos oradores advirtieron el pasado 5 de enero, que los hechos ponen en riesgo la soberanía de los Estados y los principios que sostienen el derecho internacional.

Durante la primera sesión del Consejo en 2026, el representante venezolano afirmó que no solo está en juego la soberanía de su país, sino también la credibilidad del sistema multilateral. Señaló que permitir el uso de la fuerza y el secuestro de un jefe de Estado enviaría un mensaje devastador al mundo.

El delegado sostuvo que los sucesos del 3 de enero constituyen un ataque armado ilegítimo contra un Estado soberano. Alertó que normalizar estas acciones debilitaría la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas y el principio de que ningún país puede imponerse como juez global.

Posturas encontradas y llamado a soluciones pacíficas

El representante estadounidense rechazó que exista una guerra contra el pueblo venezolano. Afirmó que se trató de una operación policial para detener a Nicolás Maduro y a su esposa, a quienes calificó como líderes de una organización criminal. También cuestionó la legitimidad del mandato presidencial en Venezuela.

Al inicio de la reunión, Rosemary DiCarlo, en nombre del secretario general António Guterres, expresó preocupación por una posible escalada del conflicto. Llamó a respetar la Carta de la ONU y advirtió sobre el impacto regional e internacional.

Expertos invitados coincidieron en que el futuro político de Venezuela no puede definirse mediante la fuerza, la coerción o el estrangulamiento económico. Subrayaron que ningún Estado tiene derecho a imponer cambios de régimen fuera de los mecanismos multilaterales.

Delegaciones como China y Rusia condenaron lo que calificaron como actos unilaterales e ilegales. Señalaron que permitirlos abriría la puerta a nuevas formas de intervención y control sobre los recursos naturales de otros países.

El representante de México, con respaldo de Brasil, Sudáfrica y Eritrea, sostuvo que corresponde a los pueblos decidir su destino. Advirtió que las intervenciones externas y las medidas coercitivas solo profundizan los conflictos y debilitan el tejido social.

Otras delegaciones, aunque críticas del gobierno venezolano, coincidieron en que la inviolabilidad de las fronteras no es negociable. Subrayaron que cualquier transición política debe surgir del diálogo interno y sin presiones externas.

Al cierre del debate, varios Estados insistieron en que las soluciones duraderas solo pueden alcanzarse por medios pacíficos, con respeto pleno a la soberanía, la autodeterminación y el derecho internacional, para evitar una mayor desestabilización global.