MMC | Myriam Martínez Comunica

Diputada Emma Rivera impulsa iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano en Michoacán

Morelia, Michoacán, 5 de junio de 2025.– En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la diputada local Emma Rivera Camacho presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán y establecer como derecho fundamental el acceso a un medio ambiente sano, así como la obligación del Estado y la ciudadanía de protegerlo.

Desde la tribuna del Congreso local, la legisladora, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que el cambio climático exige acciones jurídicas de fondo.

“No basta con planes o promesas. Necesitamos obligaciones constitucionales que trasciendan administraciones y colores partidistas”, expresó.

Crisis climática exige compromiso institucional

Emma Rivera recordó que México es uno de los países más megadiversos del mundo, y que Michoacán cuenta con 16 áreas naturales protegidas. No obstante, alertó sobre los retos actuales como la escasez de agua, fenómeno que afecta particularmente a poblaciones vulnerables, incluidas niñas y niños.

La legisladora destacó avances recientes en materia ambiental, como el aumento en la presencia de la mariposa monarca en los santuarios de la entidad —de 0.9 a 1.79 hectáreas ocupadas este año—, como un indicio de que los esfuerzos institucionales pueden rendir frutos.

Reconocen acciones estatales, pero proponen blindaje jurídico

En su intervención, reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de Michoacán, como la creación de nuevas áreas protegidas, la reforestación, la rehabilitación de manantiales y los apoyos directos a ejidatarios a través del Fondo Monarca.

Sin embargo, puntualizó que dichos esfuerzos deben trascender los periodos de gobierno. “Cuidar el medio ambiente no puede depender del ánimo de un gobierno en turno. Debe ser una obligación permanente de todas y todos”, señaló.

La iniciativa propone que el derecho a un entorno sano sea garantizado desde la Constitución local, con mecanismos para que su cumplimiento sea exigible y evaluable.