Washington D.C., 12 de marzo de 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de frenar el lavado de dinero y las actividades criminales de cárteles mexicanos en la frontera sur. Esta medida forma parte de las iniciativas anunciadas por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad nacional.
La orden obliga a las empresas de servicios monetarios en 30 códigos postales de California y Texas a reportar transacciones en efectivo que oscilen entre 200 y 10,000 dólares a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Esta acción busca aumentar la transparencia financiera y dificultar las operaciones de lavado de dinero en regiones clave. Los códigos postales afectados se distribuyen en siete condados de California y Texas donde se ha detectado mayor flujo de remesas a México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la orden busca proteger el sistema financiero estadounidense del impacto de cárteles y traficantes que operan en la región fronteriza. “Esta medida es crucial para salvaguardar la integridad de nuestras instituciones financieras y garantizar que no sean explotadas por organizaciones criminales”, afirmó Bessent.
La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y tendrá una duración de 179 días, afectando a varias localidades fronterizas estratégicas. FinCEN destacó la importancia de la cooperación de las empresas de servicios monetarios para prevenir el flujo ilícito de dinero, especialmente en operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Esta estrategia forma parte de un esfuerzo coordinado para reducir el financiamiento de grupos criminales y fortalecer la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos frente a amenazas crecientes. La administración del presidente Trump reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la protección de los ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades instan a las empresas afectadas a cumplir con las nuevas regulaciones y colaborar en la detección y prevención de actividades financieras ilícitas. El gobierno federal continuará monitoreando la efectividad de estas medidas y evaluará la necesidad de acciones adicionales en el futuro.
