Ginebra, 7 de enero de 2026.- Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenaron la acción militar de gran escala realizada por Estados Unidos contra Venezuela, al considerar que vulnera principios fundamentales del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad regional y global.
El pronunciamiento señala que el bombardeo de Caracas y otras ciudades, así como la detención forzada del presidente Nicolás Maduro y su esposa, constituyen una violación grave y deliberada de la Carta de las Naciones Unidas.
Violación al derecho internacional y riesgo global
Los expertos indicaron que el uso no provocado de la fuerza armada infringe el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe cualquier ataque contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Advirtieron que estos hechos podrían constituir el crimen internacional de agresión.
También alertaron que las acciones militares causaron la pérdida de un número no determinado de vidas. A esto se suman medidas coercitivas previas, como bloqueos, incautaciones de embarcaciones y asesinatos extrajudiciales, las cuales calificaron como contrarias al derecho internacional humanitario.
El grupo recordó que, conforme al derecho internacional consuetudinario, los jefes de Estado en funciones gozan de inmunidad frente a tribunales extranjeros, principio respaldado por la Corte Internacional de Justicia. Esta protección se mantiene sin importar el reconocimiento diplomático.
Los expertos expresaron especial preocupación por declaraciones posteriores del presidente estadounidense, en las que afirmó que su país gobernaría Venezuela de manera temporal y explotaría sus recursos naturales. Consideraron que estas expresiones desconocen el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la soberanía sobre sus recursos.
Subrayaron que los recursos naturales venezolanos no deben ser utilizados como justificación para la agresión militar, la ocupación extranjera o estrategias de cambio de régimen. Llamaron a la comunidad internacional a no ser cómplice de acciones que vulneren los derechos humanos.
Finalmente, instaron a los Estados miembros de la ONU a condenar estas acciones y a actuar para frenar cualquier conducta contraria al derecho internacional. Reafirmaron que la defensa del orden jurídico global resulta esencial para preservar la paz y la legalidad internacional.
