Ciudad de México, 16 de mayo de 2025.- En medio de un tenso escenario político y jurídico, la jueza Novena de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, concedió una suspensión definitiva a favor del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, lo que frena su detención por tiempo indefinido, pese a estar señalado por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de cuarteles de la policía estatal.

La resolución fue publicada este jueves, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara públicamente una “escandalosa protección” judicial al exmandatario michoacano, quien es buscado por su presunta implicación en actos de corrupción durante su administración.

En un acuerdo judicial fechado el 14 de mayo, la jueza Vargas Alarcón celebró la audiencia incidental del juicio de amparo promovido por Aureoles Conejo. En su resolución, la juzgadora concedió la suspensión definitiva a favor del también exaspirante presidencial, aunque negó el mismo beneficio en otra parte del proceso, sin detallar los alcances de esta negativa.

“Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (…) por los actos, las autoridades y las razones expuestas en la consideración cuarta de esta resolución”, establece el documento oficial. En contraste, también se señala: “Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (…) por los actos, las autoridades y las razones expuestas en la consideración segunda”.

La medida significa que, por ahora, Aureoles Conejo no podrá ser detenido, al menos hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo en curso.

Pese a esta protección judicial, el exgobernador sigue enfrentando un proceso penal. Fue citado para comparecer ante la jueza de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, el próximo 20 de agosto de 2025, como parte del proceso derivado de la orden de aprehensión girada en su contra.

La FGR ha señalado que durante la gestión de Aureoles Conejo se detectaron irregularidades millonarias en la edificación de siete cuarteles policiales, obras en las que se habrían desviado más de 3 mil millones de pesos del erario público.

El caso ha generado polémica y reacciones encontradas. Mientras sus allegados hablan de persecución política, críticos del exmandatario señalan que la decisión judicial evidencia un uso faccioso del sistema de justicia en favor de figuras del viejo régimen.

Con esta resolución, Silvano Aureoles gana tiempo, pero el proceso penal continúa en su contra, en un expediente que amenaza con escalar tanto en lo jurídico como en lo político en los próximos meses.