Ciudad de México, 10 de septiembre de 2024.- El día de hoy se presenta información clave sobre la reforma al Poder Judicial, una iniciativa impulsada por el presidente el 5 de febrero, que ha generado gran controversia y ha sido objeto de manipulación. A continuación, desmentimos algunas de las falsedades que se han difundido y detallamos las razones de esta propuesta.
Una de las principales afirmaciones engañosas es que el Ejecutivo busca controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es absolutamente falso. Actualmente, sin necesidad de reforma, el presidente puede proponer ternas para la elección de ministros, las cuales son evaluadas por el Senado. De no aprobarse, el Ejecutivo tiene la facultad de nombrar directamente a un ministro. Por lo tanto, si el objetivo fuese el control del Poder Judicial, no sería necesaria ninguna reforma.
La Constitución establece que el presidente presenta una terna al Senado, el cual elige a uno de los candidatos. Si la terna es rechazada dos veces, el presidente tiene la facultad de designar directamente. Este proceso deja claro que el Ejecutivo ya tiene un grado significativo de influencia en la designación de ministros sin requerir una reforma.
La reforma, por el contrario, busca democratizar el proceso de selección, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la elección de los jueces, magistrados y ministros mediante un proceso electoral. Se trata de una transformación en la que el pueblo mexicano podrá decidir quiénes son los perfiles más adecuados para ocupar estos cargos.
El anuncio también expuso varios casos que evidencian los vicios dentro del Poder Judicial. Se señaló cómo, en diciembre de 2023, la ministra Norma Piña participó en una cena privada con líderes de partidos y magistrados electorales, lo que sugiere una posible injerencia en asuntos electorales, competencia exclusiva del Tribunal Electoral.
Asimismo, se mencionó un caso en julio de 2024 en el que un juez intentó influir en decisiones del Tribunal Electoral, y otro reciente, en agosto, cuando la ministra Piña aceptó un recurso sobre la sobrerrepresentación legislativa, un tema que también debería ser resuelto por el Tribunal Electoral.
La reforma también busca atacar las prácticas de nepotismo y corrupción en el sistema judicial. Actualmente, el 49% del personal del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando dentro de la institución, una situación que se extiende a jueces y magistrados, revelando un preocupante nivel de influencias y falta de transparencia.
El Consejo de la Judicatura, encargado de vigilar la conducta de jueces y magistrados, ha sido ineficaz en sancionar malas conductas, desechando el 86% de las quejas presentadas entre 2004 y 2023 sin realizar investigaciones formales.
Finalmente, se subrayó el tema de los salarios dentro del Poder Judicial. La Constitución establece que ningún funcionario público debe recibir un salario mayor al del presidente, sin embargo, los ministros de la Corte han resistido a esta disposición, con salarios que ascienden a más de 700 mil pesos mensuales, incluyendo prestaciones y beneficios adicionales.
La necesidad de una reforma al Poder Judicial es evidente. Es imperativo contar con un sistema judicial más transparente, equitativo y accesible para todos los mexicanos, donde el nepotismo y la corrupción no tengan cabida.
