Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.— El Congreso del Estado de Michoacán recibió una iniciativa para reformar el Código Penal local y fortalecer la prevención de la violencia digital en la industria cinematográfica, mediante la tipificación del daño doloso cometido con medios tecnológicos, digitales e inteligencia artificial.
La propuesta fue recibida por las diputadas Giulianna Bugarini Torres y Fabiola Alanís Sámano, presidentas de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, respectivamente, y plantea la reforma del Artículo 228 del Código Penal de Michoacán.
La iniciativa fue formulada de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Cinépolis.
El proyecto propone adicionar el Artículo 228 Bis, denominado Daño en las cosas doloso mediante medios tecnológicos y digitales, para sancionar conductas que, de forma intencional y mediante tecnologías de la información, plataformas digitales o inteligencia artificial, generen un perjuicio económicamente apreciable a otra persona.
Giulianna Bugarini consideró la reforma urgente y relevante para la sociedad y la industria cinematográfica, y aseguró que la 76 Legislatura analizará a detalle la propuesta.
“Este Congreso ha asumido con mucha seriedad y responsabilidad una agenda digital y seguiremos impulsando estos proyectos que dignifiquen la vida humana para todas y todos”, afirmó.
Por su parte, Fabiola Alanís reiteró el compromiso del Congreso para fortalecer el marco normativo contra la violencia digital. En tanto, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez señaló que se requiere dotar de herramientas efectivas a las autoridades para ejercer su función.
El diputado Reyes Galindo Pedraza afirmó que estas iniciativas fortalecen la soberanía digital, mientras que legisladores de los grupos parlamentarios del PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano manifestaron su respaldo a la propuesta.
Finalmente, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que uno de los objetivos centrales es fortalecer la prevención de prácticas conocidas como “piratería” mediante un marco legal actualizado.
