Morelia, Michoacán, 2 de febrero de 2026.– Las determinaciones emitidas por juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán reiteran la obligación legal de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante el análisis de cada caso con perspectiva de género y discapacidad, particularmente en asuntos relacionados con pensiones alimenticias.

🔹 CUERPO DE LA NOTA

En un juicio oral familiar, una madre solicitó la fijación de una pensión alimenticia al acreditar que el padre había incumplido con esta obligación. Tras analizar el caso, el Juzgado Segundo Oral Familiar de Morelia ordenó el pago de la pensión a favor de la menor para garantizar sus derechos a la alimentación, salud, educación y desarrollo.

Debido a que el adeudo superaba los 90 días, la autoridad judicial determinó la inscripción del deudor en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y notificó al Instituto Nacional de Migración para restringir su salida del país, como medida para asegurar el cumplimiento de la resolución.

En otro juicio especial oral familiar, una persona solicitó pensión alimenticia para sí y para dos hijos mayores de edad, uno por presentar discapacidad y otro por continuar con sus estudios. Al revisar las pruebas, el juez recordó que la obligación alimentaria puede extenderse a personas adultas cuando su situación lo justifica.

Sin embargo, en este caso se determinó que no se acreditó la necesidad alimentaria de la persona solicitante, ni que la discapacidad del hijo mayor de edad le impidiera trabajar. Respecto del otro hijo, aunque se reconoció su derecho a recibir alimentos, se acreditó que el obligado alimentario presentaba discapacidad permanente, estado de necesidad y carencia de capacidad económica, lo que hizo improcedente condenarlo al pago.

No obstante, al existir alimentos provisionales que no fueron cubiertos en su totalidad, se ordenó también la inscripción del deudor en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y se notificó al Instituto Nacional de Migración para restringir su salida del país hasta el cumplimiento del pago.

Las resoluciones emitidas buscan proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y la protección de los derechos familiares.