Ciudad de México, 10 de marzo de 2025.- Aunque el gobierno de Michoacán ha adquirido equipo antiexplosivos, esto no ha sido suficiente porque un juez federal ha emitido una orden vinculante que obliga a los gobiernos Federal y del Estado de Michoacán a tomar medidas inmediatas para identificar, localizar y retirar las minas terrestres colocadas por el crimen organizado en diversas zonas del país, incluyendo la región de la Tierra Caliente.
Un amparo de por medio
Esta decisión se enmarca dentro del amparo 272/2025, y establece la necesidad de elaborar un programa nacional de desminado que garantice la seguridad de las comunidades afectadas por estos artefactos explosivos.
El juez Sergio Santamaría Chamú, conocido por sus decisiones en amparos relacionados con la seguridad, solicitó que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, establezcan de manera urgente un plan para la destrucción de las minas en las zonas bajo control del Estado Mexicano. En particular, el juez hizo hincapié en las áreas de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, donde el peligro se ha vuelto una amenaza constante para la población local.
Programa nacional de desminado
De acuerdo con el fallo judicial, las autoridades deberán diseñar un programa de desminado nacional, contemplando los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para su implementación. Asimismo, se deberán definir los criterios, indicadores y mecanismos de evaluación de su eficacia, así como un cronograma estimado que contemple los días, meses o incluso años necesarios para retirar todas las minas en las áreas de riesgo.
El juez también ordenó la creación de un plan de sensibilización para la población, con el objetivo de concientizar sobre el grave problema de las “narco minas” y los riesgos que representan para la vida y el bienestar de los ciudadanos.
Un riesgo latente para la seguridad pública
El conflicto con las minas terrestres instaladas por el crimen organizado ha dejado un saldo trágico en diversas comunidades, pues estas minas representan un riesgo latente y diario para los habitantes de la región. En la demanda de amparo presentada por un grupo de 15 personas afectadas, se argumentó que la omisión de las autoridades federales y estatales ha violado sus derechos a la vida, a la integridad personal y a un entorno seguro en el que puedan desarrollarse sin temor.
Desde 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reportado al menos 14 ataques contra el Ejército Mexicano con artefactos explosivos, evidenciando la gravedad de la situación. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto ocho investigaciones por el uso de explosivos en el país en los últimos años.
Próximos pasos
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal tendrán que presentar un informe al juez Santamaría Chamú en los próximos días, detallando si han sido o no omisas en la implementación de medidas para combatir esta problemática. El juez ha fijado una audiencia para el próximo 14 de marzo, donde se decidirá si se concede una suspensión definitiva que obligue a las autoridades a actuar de manera inmediata.
El fallo judicial marca un hito en la lucha contra la violencia y el crimen organizado en México, con el propósito de proteger a las comunidades más vulnerables y garantizar que los responsables de esta grave amenaza sean llevados ante la justicia.
