Justicia más cercana en Michoacán con nuevo Poder Judicial descentralizado
Morelia, Michoacán, 8 de junio de 2025.- A partir del 15 de septiembre, Michoacán contará con un nuevo modelo de justicia más cercana a la ciudadanía gracias a la descentralización del Poder Judicial, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Este cambio estructural incluye la instalación de salas regionales en siete regiones del estado y se da tras las primeras elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio.
Con este nuevo esquema, el estado contará con un Supremo Tribunal de Justicia más sensible a las necesidades locales. Las nuevas salas estarán ubicadas en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Zamora, La Piedad, Zitácuaro y Morelia. Atenderán materias civil, laboral, familiar, mercantil y penal, descentralizando las funciones que hasta ahora estaban concentradas en la capital.
“Seguramente la próxima elección será más llamativa porque hemos puesto los focos en el Poder Judicial y ahora será más observado que nunca”, señaló Ramírez Bedolla. “Cada vez habrá mayor interés y sensación de corresponsabilidad ciudadana”, agregó.
El mandatario estatal destacó que la elección democrática de jueces y magistrados fortalece la legitimidad institucional y fomenta una relación directa con la ciudadanía. El nuevo modelo contribuirá a reducir la impunidad, uno de los factores clave para alcanzar la paz y la justicia en el país.
“Esto será importante para seguir combatiendo la impunidad en el país. Si queremos tener paz y justicia, hay que atacar la impunidad para que los delincuentes no salgan libres”, afirmó.
Un cambio con alcance nacional
La descentralización judicial en Michoacán ocurre en un contexto nacional de transformación institucional y representa un precedente importante al ser pionero en elecciones judiciales por voto directo. Esta medida podría influir en futuras reformas similares en otras entidades federativas.
¿Qué sigue?
Con la instalación de las salas regionales y la implementación del nuevo tribunal, se espera una mayor eficiencia en la administración de justicia, mayor proximidad con la población y una disminución de los tiempos de resolución de conflictos legales.




