México, 13 de septiembre de 2024.- El Senado de la República ha declarado oficialmente la aprobación de la reforma constitucional que transforma el Poder Judicial en México, tras recibir el respaldo de 23 legislaturas estatales. Este cambio histórico establece que, por primera vez, los jueces, magistrados y ministros serán elegidos mediante voto universal, secreto y directo, un paso clave hacia la democratización del sistema judicial en el país.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, subrayó que con esta reforma, México se convertirá en el primer país en implementar un sistema judicial en el que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto ciudadano, eliminando así la influencia de élites económicas y políticas en el proceso judicial. “Nunca más las personas juzgadoras serán parte de una élite contraria a los intereses de la ciudadanía”, declaró Fernández Noroña.
Este cambio busca acercar la justicia a los ciudadanos, permitiendo que personas comunes, “las hijas y los hijos del pueblo”, puedan aspirar a ocupar cargos de responsabilidad en el Poder Judicial. La reforma también promueve la transparencia, prohibiendo el financiamiento público o privado en las campañas de los candidatos judiciales, y permite a cualquier ciudadano denunciar actos de corrupción.
Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat, contabilizó uno a uno los votos a favor del proyecto por parte de los congresos locales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. El Congreso de Jalisco fue el único que votó en contra de la reforma constitucional.
La reforma también establece que las elecciones para estos cargos judiciales se llevarán a cabo el primer domingo de junio de 2025. En esta jornada se elegirá la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, se renovarán la mitad de los cargos de magistrados de circuito, jueces de distrito y los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.
Los artículos transitorios de la reforma también señalan que el Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir la convocatoria que permitirá la postulación de candidatos a los diversos cargos del Poder Judicial. Estas postulaciones se realizarán sin intervención de partidos políticos, con los tres poderes de la Unión (el Legislativo, el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación) participando en el proceso de selección de los candidatos.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que esta reforma devuelve la esencia y fortaleza al Poder Judicial, al hacer que los jueces y magistrados estén más cerca de los intereses del pueblo. Por su parte, María del Rocío Corona Nakamura, también del PVEM, aseguró que el sistema judicial no podía continuar “colapsado por la ineficiencia y secuestrado por la impunidad”, y que la reforma permitirá devolver la justicia que le ha sido arrebatada a los mexicanos.
Finalmente, Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del Partido del Trabajo, afirmó que esta reforma judicial marcará un antes y un después en el sistema de justicia del país, haciéndolo “más humano, justo y cercano al pueblo”, además de alejarlo de los intereses económicos y políticos.
Con la aprobación de esta reforma, México da un paso fundamental hacia la modernización de su sistema judicial, buscando mayor transparencia, cercanía con la ciudadanía y un compromiso con la justicia.
