Los primeros días del mandato de Donald Trump han marcado un aumento significativo en las redadas y deportaciones masivas de inmigrantes en Estados Unidos, afectando a personas sin antecedentes criminales. Agentes migratorios han calificado este fenómeno como un “daño colateral”, ya que las nuevas políticas eliminan las prioridades previas que solo enfocaban las deportaciones en aquellos con récord delictivo.

Desde la firma de la orden ejecutiva de Trump en su primer día de gobierno, los agentes de inmigración tienen la facultad de arrestar a cualquier persona presente durante una redada, incluso si no tienen delitos pendientes. Esto ha resultado en la detención de miles de inmigrantes, muchos de los cuales simplemente han cruzado la frontera de manera ilegal, lo que no constituye un delito penal.

Además, se han reportado casos de arrestos erróneos, incluso de ciudadanos estadounidenses, y el uso de aviones militares para deportar migrantes, una práctica sin precedentes. Activistas aseguran que estas medidas violan derechos constitucionales, como la protección contra registros e incautaciones injustificadas.

Estas acciones han generado creciente preocupación en la comunidad inmigrante, que se enfrenta a un futuro incierto mientras las políticas de control migratorio y deportaciones se intensifican.