Ciudad de México, 10 de septiembre de 2024.- Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un informe sobre el funcionamiento del Poder Judicial, destacando la necesidad de una reforma y explicando por qué es imprescindible la elección democrática de jueces, ministros y magistrados. Señalando que históricamente, el Poder Judicial ha sido un espacio donde se acumulaban intereses políticos y que se utilizaba como “moneda de cambio” para hacer alianzas entre partidos y grupos de poder.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso graves irregularidades dentro del sistema judicial, señalando que el 49% del personal del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando dentro de la misma institución. Esta situación involucra a 24,546 personas, lo que revela un alto nivel de nepotismo. Alcalde subrayó que algunos magistrados tienen hasta 26 familiares en diversas posiciones dentro del sistema judicial, una situación que, según la funcionaria, compromete la independencia y la imparcialidad de la justicia.
Nepotismo y corrupción: Datos alarmantes sobre el Poder Judicial
Además de las acusaciones de nepotismo, Alcalde indicó que entre 2004 y 2023 se presentaron 38,000 quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de las cuales el 86% fueron desechadas sin mayor investigación. Estos datos muestran la falta de rendición de cuentas dentro del sistema judicial y refuerzan la necesidad de una reforma profunda para garantizar justicia efectiva en el país.
La conferencia también reveló que el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares trabajando en el Poder Judicial, lo que limita las posibilidades de imparcialidad y favorece la creación de redes de poder dentro de la estructura judicial. Esto se ha traducido en decisiones cuestionables, especialmente en la liberación discrecional de criminales.
Casos de jueces que liberaron a criminales: Los “sabadazos”.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó una lista de casos en los que jueces liberaron a criminales en los conocidos “sabadazos” (cuando las resoluciones judiciales se dictan en días de fin de semana para evitar repercusiones mediáticas inmediatas). Entre los casos mencionados, destacan:
- Abraham “N”, hermano de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue liberado por un juez en Almoloya de Juárez.
- José Eliseo “N”, sicario de los Zetas, quien fue liberado inmediatamente por orden de otro juez.
- Mario Marín, exgobernador de Puebla, imputado por el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho, a quien se le concedió libertad bajo custodia de la Guardia Nacional, permitiéndole seguir su proceso judicial desde su casa.
Estos ejemplos, según Rodríguez, ilustran cómo algunos jueces actúan desde una posición de privilegio, emitiendo decisiones que favorecen a criminales de alto perfil y minan la confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia.
El caso Colosio: un ejemplo de impunidad.
Uno de los casos más emblemáticos mencionados fue el del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En enero de 2024, la Fiscalía General solicitó una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, por su posible participación como coautor material en el homicidio del excandidato presidencial. Sin embargo, el juez Jesús Alberto Sánchez, del Estado de México, negó la orden de aprehensión, desestimando las 123 pruebas presentadas por la Fiscalía. Este caso, según Rosa Icela Rodríguez, refleja la falta de responsabilidad y seriedad con la que algunos jueces manejan casos de gran relevancia.
Tanto el presidente López Obrador como las titulares de Gobernación y Seguridad coincidieron en que la reforma al Poder Judicial es necesaria y urgente. La elección democrática de jueces, magistrados y ministros es una propuesta clave para evitar la corrupción y el nepotismo dentro del sistema judicial. Solo así, concluyeron, se podrá garantizar una justicia más transparente, imparcial y efectiva para los ciudadanos de México.