Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.- La Justicia federal mexicana rechazó la solicitud de libertad anticipada presentada por Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, quien cumple una sentencia de nueve años de prisión por delitos de corrupción vinculados al uso de empresas fantasma para desviar fondos públicos.

La resolución fue emitida este viernes por la magistrada de control Ángela Zamorano, del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), quien determinó que Duarte deberá cumplir su condena íntegramente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde permanece desde su extradición en 2017. Su liberación está prevista para abril de 2026.

Durante la audiencia, la defensa del exmandatario —encabezada por el abogado Pablo Campuzano— argumentó que Duarte había cumplido más del 70 % de su condena, mantenía buena conducta y, por tanto, cumplía con los requisitos establecidos para acceder a una liberación anticipada. Sin embargo, la magistrada consideró insuficientes estos argumentos, respaldando la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), que se opuso a la medida.

Uno de los factores determinantes fue la existencia de un proceso penal pendiente en contra de Duarte por desaparición forzada, lo que legalmente impide su liberación anticipada.

Antecedentes

El exgobernador, expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue capturado en abril de 2017 en Guatemala por la Interpol y extraditado tres meses después. En septiembre de 2018, se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el marco de un procedimiento abreviado que lo condenó a nueve años de cárcel y a pagar una multa de poco más de 58 mil pesos.

Las investigaciones oficiales han estimado que durante su gestión como gobernador de Veracruz, Duarte desvió más de 60 mil millones de pesos del erario público mediante un esquema de empresas fantasma y prestanombres, según la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, el proceso judicial sólo ha sancionado una fracción mínima de ese monto, sin que hasta el momento se haya logrado recuperar la mayoría de los recursos desviados.

Desde entonces, su caso ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción política en México.