Ciudad de México, 29 de abril de 2025.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá devolver más de 1.3 millones de pesos al arzobispo emérito Norberto Rivera Carrera, luego de que una jueza federal determinara que los cobros por concepto de impuestos y derechos en la compra de dos departamentos de lujo fueron desproporcionados y contrarios a la ley.

La resolución fue emitida por la jueza Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, quien concedió un amparo al exarzobispo contra los pagos realizados por el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y derechos registrales relacionados con la compra de los departamentos 4201 y 4205 en la Torre Mitikah, el edificio residencial más alto de la capital.

De acuerdo con el expediente 613/2024, Rivera Carrera desembolsó 46 mil 122 pesos en derechos registrales, y pagó por ISAI 615 mil 101 y 700 mil 150 pesos, respectivamente, por cada uno de los departamentos, cuyo valor supera los 10 millones de pesos cada uno. No obstante, la jueza consideró que los cobros violaron el principio de proporcionalidad establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, reformado en diciembre de 2023.

La demanda fue promovida por el propio Rivera el pasado 20 de marzo, argumentando que los montos cobrados excedían lo legalmente permitido y afectaban su derecho a un trato fiscal justo.

La decisión judicial ha generado reacciones diversas en redes sociales y entre expertos, al tratarse de una figura religiosa de alto perfil que reside en una de las propiedades más exclusivas del país, en un contexto donde la mayoría del clero en México percibe salarios bajos. Datos oficiales revelan que el ingreso promedio mensual de un sacerdote ronda los 7,400 pesos, y que muchos viven con menos del salario mínimo en varias entidades del país.

Actualmente, Norberto Rivera, de 82 años, se encuentra en Roma, donde participó recientemente en las exequias del papa Francisco, acompañando a otros cardenales en la ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro.

Este fallo podría sentar un precedente para otros contribuyentes que consideren excesivos los cobros fiscales en la capital.