Juez ordena detener a Silvano Aureoles por caso Arantepacua
Morelia, Mich., 28 de marzo de 2026.- Un juez liberó 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 policías estatales, por la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida en 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Operativo en Arantepacua, el origen del caso
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los hechos se remontan al 5 de abril de 2017, cuando autoridades estatales desplegaron un operativo policial en la comunidad purépecha de Arantepacua.
En ese momento, comuneros mantenían retenidos varios vehículos de carga como medida de presión ante un conflicto agrario con habitantes de Capacuaro, en el municipio de Uruapan.
Durante el operativo, se registró un enfrentamiento armado entre policías estatales y comuneros. El saldo fue un agente fallecido y cuatro indígenas muertos, entre ellos un menor de edad, en hechos que ahora son investigados como presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Delitos imputados y responsabilidades
La Fiscalía estatal acusa a Aureoles Conejo de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, al considerar que habría ordenado el despliegue policial a través de su entonces secretario de Seguridad.
Las órdenes de aprehensión incluyen a mandos y elementos de la Policía Estatal que participaron en el operativo.
Antecedentes: investigaciones previas contra exfuncionarios
El exmandatario y su exsecretario de Seguridad ya eran buscados desde 2023 por la misma fiscalía estatal, en relación con un presunto desfalco millonario derivado de la construcción de cuarteles de la Policía Estatal durante su administración (2015-2021).
Por ese caso, fueron detenidos exfuncionarios como el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, así como otros exservidores públicos vinculados a la Secretaría de Seguridad Pública.
Contexto del conflicto indígena
El enfrentamiento en Arantepacua ocurrió en medio de tensiones por la disputa de tierras comunales entre comunidades purépechas de la región, un conflicto que derivó en bloqueos y retención de vehículos.
Organizaciones civiles y comunidades indígenas han señalado desde entonces posibles abusos de autoridad en el operativo, lo que derivó en investigaciones que hoy escalan con nuevas órdenes de captura.
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