Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado analiza una iniciativa para actualizar la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro en Michoacán, con el fin de que los programas públicos en esta materia se diseñen bajo criterios de inclusión, accesibilidad y evaluación periódica.
La propuesta busca que toda política estatal o municipal de promoción de la lectura considere a niñas, niños y adolescentes en zonas rurales y urbanas, así como a personas con discapacidad, sin que ello implique la creación de nueva burocracia o mayor gasto público.
La iniciativa fue presentada en tribuna por la diputada del PAN, Ana Vanessa Caratachea Sánchez, quien señaló que la legislación vigente no se ha modificado en 15 años, pese a los cambios tecnológicos y sociales que han transformado el acceso al conocimiento.
“Cada niña o niño que descubre el gusto por la lectura, gana una herramienta para construir conocimiento, para pensar con libertad y para crear su propio proyecto de vida”, expresó durante su intervención.
Obligación de inclusión y evaluación
La reforma plantea establecer como obligación que los programas gubernamentales de fomento a la lectura incorporen criterios de accesibilidad, inclusión y no discriminación, además de que sean evaluados periódicamente.
De acuerdo con lo expuesto en tribuna, no se crearían nuevos órganos ni estructuras administrativas, por lo que la modificación no generaría impacto presupuestal.
Consejos con actas y acuerdos públicos
Otro eje de la propuesta es institucionalizar el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Fomento a la Lectura, con la finalidad de que sus sesiones queden asentadas en actas y sus acuerdos se transparenten.
Estos acuerdos, según la iniciativa, deberán estar respaldados por criterios técnicos, diagnósticos y análisis culturales, lo que daría mayor formalidad y seguimiento a las decisiones en la materia.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación. En caso de avanzar, el Congreso deberá discutir y votar el dictamen correspondiente antes de que las reformas puedan entrar en vigor tras su eventual publicación en el Periódico Oficial del Estado.
