Ciudad de México, 28 de octubre de 2025.– Organizaciones campesinas de al menos 11 estados del país rechazaron la propuesta del Gobierno federal para fijar el precio de garantía del maíz blanco en 6 050 pesos por tonelada, al considerar que no cubre los costos de producción. En respuesta, anunciaron movilizaciones y bloqueos carreteros, particularmente en estados del Bajío.
El anuncio del precio fue hecho por Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quien indicó que los productores de Michoacán, Guanajuato y Jalisco podrían acceder además a créditos con tasa máxima de 8.5 % anual e inclusión de seguro agropecuario.
Sin embargo, los agricultores afirman que esta cifra los mantiene en pérdidas. Demandaron un precio mínimo de 7 200 pesos por tonelada de maíz blanco y de 6 000 pesos por tonelada de sorgo, argumentando que los altos costos de insumos y fertilizantes han afectado la viabilidad económica del campo en los últimos tres ciclos agrícolas.
Protestas en varios estados
Las protestas iniciaron el pasado fin de semana y se intensificaron en regiones clave del Bajío. En Michoacán, este lunes se mantuvieron bloqueadas casetas de la Autopista de Occidente, permitiendo únicamente el paso libre a automovilistas como medida de presión.
Líderes de organizaciones campesinas señalaron que no aceptarán una mesa de diálogo si no se replantea el esquema de precios. “No es un capricho: sembrar maíz ya no es rentable con estos precios. Necesitamos una respuesta técnica y política que reconozca nuestra realidad”, afirmó un representante del Movimiento por la Dignidad del Campo.
Exigen revisión del modelo agrícola
El reclamo también pone sobre la mesa la necesidad de revisar el modelo de producción y subsidios al campo, donde pequeños y medianos productores enfrentan condiciones adversas frente al mercado internacional y la especulación con granos.
De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el costo promedio de producción de una tonelada de maíz en 2025 ronda los 7 000 pesos, dependiendo de la región. En contraste, el precio ofrecido por el gobierno representa una pérdida neta para los productores.
Las organizaciones advirtieron que, de no atenderse sus demandas, las movilizaciones podrían extenderse a otros estados y afectar el suministro hacia centrales de abasto.
