Ciudad de México, 13 de diciembre de 2025.- La diputada federal Delhi Miroslava Shember Domínguez, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para sancionar con cárcel y fuertes multas a los profesionistas del derecho que asesoren, faciliten o ejecuten actos orientados al despojo de bienes inmuebles.

La propuesta busca adicionar el artículo 395 Bis al Código Penal Federal, con el fin de imponer penas de seis a doce años de prisión, multas de quinientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la inhabilitación para ejercer la profesión hasta por diez años.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.

Endurecen sanciones si el implicado es notario o funcionario judicial

El planteamiento legislativo también contempla agravantes para casos en los que el responsable sea notario público, corredor público o servidor público vinculado al sistema judicial o registral. En dichos casos, las penas se incrementarían hasta en una mitad.

Respuesta legislativa ante aumento de despojos ilegales

En la exposición de motivos, la diputada Shember Domínguez alertó sobre el preocupante incremento de despojos ilegales de viviendas, terrenos y locales. Indicó que en muchos casos los autores intelectuales o ejecutores son abogados o notarios que abusan de su conocimiento legal para perjudicar a legítimos propietarios.

“Esta conducta es particularmente grave porque proviene de quienes están llamados a proteger la legalidad y la justicia. Cuando un profesional del derecho participa en un despojo, no solo daña a la víctima, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones jurídicas y el Estado de derecho”, destacó.

Vacío legal en el Código Penal

Actualmente, el artículo 395 del Código Penal Federal sanciona el despojo, pero no contempla una agravante especial cuando este delito es cometido por un profesionista del derecho que actúa con dolo y abuso de su calidad profesional.

Por ello, la legisladora considera fundamental llenar ese vacío legal para inhibir este tipo de prácticas, salvaguardar el patrimonio de las personas y fortalecer la ética en el ejercicio del derecho.