MMC | Myriam Martínez Comunica

Proponen castigar con cárcel el robo de pensiones a adultos mayores en Michoacán

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2025.– El Congreso del Estado de Michoacán se prepara para votar una reforma que tipifica como delito grave el uso indebido de pensiones destinadas a personas adultas mayores, con sanciones que incluyen hasta 11 años de prisión. La iniciativa, impulsada por el legislador Hugo Rangel Vargas, del Partido del Trabajo, y respaldada por la diputada morenista Anabet Franco Carrizales, cuenta con amplio apoyo legislativo.

“Es una reforma histórica en favor de quienes más lo necesitan. Robar la pensión a un adulto mayor será considerado delito grave, sin excusas”, afirmó Rangel Vargas.

La propuesta modifica el artículo 215 del Código Penal del Estado para sancionar con entre 6 y 11 años de cárcel y multas de hasta 100 UMAs a quienes, abusando de una relación de confianza, dispongan de la pensión sin autorización del titular. Además, prevé la reparación del daño y el acompañamiento legal a las víctimas por parte de los ayuntamientos, mediante una adición al artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal.

Una forma de maltrato invisibilizado

Durante su trabajo en la Secretaría del Bienestar, Rangel Vargas recogió múltiples testimonios de personas mayores que eran despojadas de parte o la totalidad de sus pensiones por familiares o terceros. “No más piquetes de ojos, ni pellizcos. Proteger la pensión es defender la dignidad”, expresó con firmeza.

De acuerdo con cifras del DIF de Morelia, las denuncias por abuso económico contra personas mayores se han triplicado en dos años, muchas asociadas al uso indebido de las tarjetas del Bienestar. La Organización Mundial de la Salud ha calificado este fenómeno como una forma grave de maltrato, con consecuencias en la salud, nutrición y autonomía de las víctimas.

Un derecho, no un favor

El diputado recalcó que la pensión para adultos mayores es un derecho constitucional, no una dádiva. En Michoacán, más de 588 mil personas reciben este apoyo, lo que implica una inversión superior a 3 mil 650 millones de pesos cada dos meses.

“Este programa es uno de los pilares de la Cuarta Transformación y no vamos a permitir que se convierta en botín de abusadores. El que robe a un adulto mayor, pagará las consecuencias. Así de claro”, sentenció Hugo Rangel.