Ciudad de México, 27 de diciembre de 2025.- Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone tipificar como delito la explotación financiera de personas adultas mayores, con penas de hasta ocho años de prisión y persecución de oficio, para frenar abusos cometidos incluso por familiares o personas de confianza.
La propuesta fue impulsada por la diputada Azucena Huerta Romero, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y busca reforzar la protección de los derechos económicos de personas mayores de 65 años, un sector especialmente vulnerable al fraude y al despojo patrimonial.
Qué plantea la reforma penal
La iniciativa propone modificar el Código Penal Federal para crear el delito de explotación financiera de adultos mayores. Se considerará responsable a quien, aprovechando una relación de parentesco, tutela, confianza o dependencia, disponga indebidamente del dinero, bienes o pensión de una persona mayor, sin su consentimiento libre e informado.
Las sanciones planteadas van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas económicas. La pena se incrementaría si la víctima presenta alguna discapacidad que limite su capacidad para comprender o resistir el abuso.
Un punto central es que el delito se persiga de oficio, lo que elimina la obligación de que la víctima presente una denuncia formal, una barrera frecuente en casos donde el agresor es un familiar cercano.
Obligaciones para instituciones financieras
La iniciativa también plantea cambios a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para obligar a bancos e instituciones financieras a simplificar trámites relacionados con pensiones y servicios financieros.
Además, deberán contar con protocolos para detectar movimientos sospechosos en cuentas de adultos mayores y reportarlos a la Fiscalía General de la República, garantizando la protección de datos personales.
Contexto del problema
De acuerdo con datos citados en la propuesta, en 2021 el 4.7% de las mujeres de 60 años o más reportó haber sufrido violencia económica por parte de un familiar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señala que 63% de las reclamaciones de adultos mayores ante la banca están relacionadas con posibles fraudes.
La legisladora argumenta que el marco legal actual es insuficiente, ya que estos casos suelen encuadrarse como abuso de confianza, un delito que requiere querella y que rara vez se denuncia por miedo, dependencia o vergüenza.
Turno legislativo
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, donde será analizada para su posible dictaminación. De aprobarse, México contaría con una figura penal específica para sancionar la explotación financiera contra personas adultas mayores.
