Cámara de Diputados, Ciudad de México, 14 de diciembre de 2025.– La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer penas de 10 a 30 años de prisión a quien incurra en el delito de reclutamiento forzado de menores de edad.
La propuesta legislativa busca incorporar un nuevo capítulo, denominado VI Bis, al Código Penal Federal, donde se defina como delito grave el acto de obligar a niñas, niños y adolescentes a integrarse a grupos de delincuencia organizada, ya sea mediante amenazas, engaños, violencia, extorsión u otras formas de coacción.
Según la legisladora, esta práctica ha crecido alarmantemente en los últimos años, convirtiéndose en una de las formas más extremas de violencia contra la niñez mexicana. “Se trata de una agresión directa al desarrollo y dignidad de nuestros menores. Lo más grave es que muchos son criminalizados por actos que cometieron bajo coacción”, advirtió Zavala Gómez del Campo.
Un fenómeno creciente y normalizado
La diputada denunció que grupos delictivos utilizan a menores para tareas como vigilancia, transporte y venta de drogas, así como para actividades relacionadas con la trata y explotación. Esta situación —dijo— ha derivado en una cultura de violencia que despoja a la infancia de sus derechos fundamentales.
Un informe de la red Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe estimó que entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes son reclutados cada año por organizaciones criminales en México. La diputada subrayó que, en muchos de estos casos, el Estado no identifica a los menores como víctimas, sino que los procesa como delincuentes.
Responsabilidad del Estado
La legisladora enfatizó que la reforma no solo busca fortalecer la seguridad pública, sino también cumplir con la obligación del Estado mexicano de garantizar una vida libre de violencia y el pleno desarrollo de la infancia.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen. De ser aprobada, se convertiría en un instrumento jurídico clave para combatir el reclutamiento forzado, uno de los fenómenos más complejos del crimen organizado en México.
