Morelia, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- La reciente reforma constitucional en materia ambiental, aprobada en Michoacán, eleva a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano, al integrar principios de justicia intergeneracional, corresponsabilidad social y control de la expansión inmobiliaria. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo estatal, fue celebrada por el secretario del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, quien calificó el cambio legal como un avance fundamental en la protección de la dignidad humana y la paz social.

Durante una conferencia encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de Secma explicó que esta reforma permitirá frenar el cambio irregular de uso de suelo, causante de la pérdida de miles de hectáreas de bosques en los últimos cinco años. “Con esta normativa se prioriza la conservación de los recursos naturales frente a modelos económicos extractivos”, sostuvo.

Blindaje legal y control social

La nueva legislación contempla un marco jurídico robusto que obliga al Estado a generar instrumentos vinculantes como registros públicos ambientales, mecanismos de monitoreo permanente y sanciones efectivas, con el fin de evitar que los derechos ambientales sean letra muerta. Entre sus pilares se encuentran la corresponsabilidad ciudadana, el uso de tecnologías de transparencia y la implementación de plataformas como el Guardián Forestal y el Guardián del Agua.

Asimismo, la reforma incorpora los principios del Acuerdo de Escazú, garantizando el acceso público a la información, la justicia ambiental y la participación ciudadana.

Responsabilidad ambiental y derechos difusos

Con esta modificación constitucional, Michoacán reconoce legalmente principios como el precautorio, la responsabilidad ambiental bajo el principio de “quien contamina paga”, y la figura de titularidad difusa, que permite a cualquier persona iniciar acciones legales en defensa del entorno natural.

De igual forma, se establece la sustentabilidad como eje transversal de políticas públicas, desde la educación ambiental hasta la planificación de obra pública municipal. Por primera vez, se reconoce también el deber compartido entre el Estado y la sociedad para proteger a los animales como parte del equilibrio ecológico.