Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2024.- El Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma constitucional en materia indígena, marcando un hito histórico al ampliar y elevar a rango constitucional 22 derechos fundamentales para las comunidades indígenas. Así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien calificó este acto legislativo como un avance trascendental para garantizar la autonomía y el desarrollo de los pueblos originarios.
La reforma, avalada con 34 votos a favor, incluye el reconocimiento del Cuarto Orden de Gobierno, otorgando personalidad jurídica y patrimonio propio a las comunidades indígenas, además de consolidar derechos como el autogobierno, el presupuesto directo y la seguridad comunal. Ramírez Bedolla enfatizó que estas disposiciones refuerzan el respeto a las decisiones comunales, estipulando que ninguna ley ni autoridad podrá vulnerar estos derechos.
Durante el proceso de construcción de esta reforma, se consultó ampliamente a las comunidades indígenas, recopilando sus opiniones y propuestas para garantizar una legislación integral que respalde el acceso al autogobierno y al presupuesto directo. El gobernador destacó el compromiso de su administración para acompañar y respaldar las iniciativas presentadas por las comunidades al Congreso, alineadas con la Constitución Mexicana y tratados internacionales.
Entre los puntos clave de la reforma destacan:
- Autonomía y usos y costumbres: Reconocimiento a los sistemas normativos y autoridades comunales.
- Seguridad comunal: Las comunidades tendrán el mando de rondas o guardias locales.
- Protección de derechos de mujeres indígenas: Normas y políticas para fomentar la igualdad de oportunidades.
- Preservación de recursos naturales: Garantías sobre la gestión y conservación de tierras y biodiversidad.
- Fomento a la lengua y cultura indígena: Protección y promoción de lenguas originarias y tradiciones culturales.
Asimismo, el gobernador resaltó que esta reforma se suma a otras iniciativas legislativas aprobadas durante su gestión, como la despenalización del aborto y las reformas al Poder Judicial y la Universidad Michoacana, posicionando al Congreso local como un órgano comprometido con las demandas sociales y los derechos humanos.
Finalmente, el decreto otorga al Congreso un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias, asegurando su cumplimiento efectivo y garantizando un futuro más equitativo para las comunidades indígenas de Michoacán.
