Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.-El diputado Reyes Galindo Pedraza informó que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán aprobó una iniciativa de reforma constitucional orientada a frenar la contratación de deuda pública a largo plazo, medida que será discutida por el Pleno en el próximo periodo legislativo.
El legislador, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que el dictamen busca establecer un candado constitucional para evitar que futuras administraciones comprometan recursos públicos por varios años, con impacto directo en las finanzas del estado.
Postura del PT sobre el endeudamiento estatal
Tras la reunión de la comisión, Reyes Galindo subrayó que el aval representa un paso inicial para construir una política de finanzas públicas más restrictiva en materia de deuda.
“Hoy dimos un paso importante para el cuidado de la economía de las familias de Michoacán: aprobamos dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo que está por comenzar”, expresó.
El diputado sostuvo que, desde la visión del PT, la reforma permitiría proteger los recursos de las siguientes generaciones y evitar escenarios de sobreendeudamiento que limiten la inversión pública.
Alcance de la iniciativa y ruta legislativa
La propuesta analizada en comisión fue presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en diciembre pasado y plantea prohibir la contratación de nueva deuda pública a largo plazo, como parte de una estrategia para fortalecer la disciplina financiera del estado.
Reyes Galindo afirmó que esta medida también apunta a cerrar la puerta a prácticas que han derivado en cargas financieras históricas.
“Así eliminaremos la posibilidad de que los siguientes gobiernos adquieran excedentes de deuda que no pueden pagar”, señaló.
El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, donde requerirá mayoría calificada por tratarse de una reforma constitucional. De avanzar, deberá ser avalado por los ayuntamientos antes de su eventual entrada en vigor.
