SCJN avala bloqueo de cuentas y refuerza combate al lavado
Ciudad de México, 7 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el bloqueo de cuentas bancarias como medida administrativa y preventiva, al resolver que esta herramienta fortalece el combate al lavado de dinero y respeta los derechos de audiencia y defensa de las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
El fallo deriva de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y de diversos casos relacionados con decisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en los que se cuestionaba la constitucionalidad de estas medidas.
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Medida preventiva, no sanción penal
El máximo tribunal determinó que el bloqueo de cuentas no constituye una pena ni sustituye las funciones del Ministerio Público, ya que no implica declarar culpabilidad penal.
Por el contrario, se trata de una medida administrativa orientada a prevenir riesgos en el sistema financiero y a cumplir compromisos internacionales en materia de combate al financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Corte subrayó que el procedimiento contempla garantías clave: derecho de audiencia, posibilidad de ofrecer pruebas, resolución fundada y motivada, así como la opción de impugnar ante tribunales administrativos.
UIF podrá actuar con mayor margen
En su análisis, el Pleno validó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, puede incluir a personas físicas o morales en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios suficientes de su posible relación con actividades ilícitas.
Asimismo, determinó que no es indispensable que exista una solicitud expresa de una autoridad extranjera para ordenar el bloqueo, al considerar que esta exigencia limitaba el cumplimiento de obligaciones internacionales de México.
Seguridad jurídica y estándares internacionales
La SCJN concluyó que el marco legal cumple con el principio de seguridad jurídica, ya que obliga a la autoridad a documentar los indicios, fundamentar su decisión y garantizar la defensa de las personas afectadas.
También destacó que estas facultades deben interpretarse conforme a estándares internacionales, particularmente los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que permite actuar con mayor rapidez ante operaciones sospechosas.
Impacto en el sistema financiero
Con esta resolución, la Corte fortalece las herramientas del Estado mexicano para prevenir delitos financieros, al tiempo que establece límites claros para evitar arbitrariedades.
El criterio también implica la interrupción de jurisprudencias previas que exigían condiciones más estrictas para el bloqueo de cuentas, lo que marca un cambio relevante en la política de combate al lavado de dinero en México.
