En cumplimiento de la instrucción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, se pronuncia oficialmente estado mexicano por masacre de Tlatelolco y los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968.
Rodríguez sostuvo que este crimen de lesa humanidad, ideado, ejecutado y encubierto desde las más altas esferas del poder público, tuvo como principal responsable al entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.
Lo cual calificó, la funcionaria como un reprobable acto de represión estudiantil y social, que dejó un saldo trágico de decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados.
Con esta masacre, el país fue testigo del agotamiento de un Estado represor, vertical y autoritario, que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo.
Estado mexicano reconoce su responsabilidad
Hoy, a 56 años de esos hechos, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y se dirige a las madres, padres, hermanos, familias y sobrevivientes, quienes han mantenido viva la memoria de esas atrocidades y han continuado la lucha por justicia.
Como parte del compromiso del gobierno de la transformación, se asume la responsabilidad de reconocer los crímenes cometidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Por ello, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o que fueron víctimas de los crímenes cometidos la noche del 2 de octubre de 1968.
Al pronunciarse el estado mexicano por la masacre de Tlatelolco cobra especial relevancia al llevarse a cabo por la Secretaría de Gobernación, institución que en aquel entonces instrumentaba la represión al pueblo. Asumiendo el compromiso es claro: impulsar las libertades y los derechos de todas las personas.
De esta forma, el estado mexicano reafirma su voluntad histórica de hacer justicia, siempre en apego a los principios constitucionales y a los ideales de libertad y democracia. Asegura que hechos como los del 2 de octubre de 1968 no pueden ni deben repetirse en el México actual.
