404 Error del Sistema: Cuando la ley se usa como arma


Mauricio Preisser Cano.

Junio 2026 | En política, las contradicciones no mienten. Los discursos se construyen, las narrativas se cuidan, las mañaneras se guionean. Pero cuando un gobierno cambia su versión de los hechos sin que nadie se lo pida, algo se rompe. Y en el caso Chihuahua, esa ruptura quedó documentada.

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El 18 de abril de 2026, autoridades chihuahuenses desmantelaron un presunto megalaboratorio de metanfetamina en la Sierra Tarahumara. En el operativo participaron dos agentes de la CIA. Cuatro personas murieron en un accidente durante el regreso: dos agentes estadounidenses y dos ministeriales mexicanos. Un golpe real al crimen organizado. En cualquier país que tome en serio la seguridad pública, eso se reconoce. Aquí se convirtió en pretexto.

Dos días después, el 20 de abril, la presidenta Sheinbaum fue tajante en su mañanera: ‘No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua.’ La federación no sabía nada. Ese fue el mensaje oficial.

“20 de abril: ‘No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua.’ — Claudia Sheinbaum, conferencia mañanera”

Esa versión duró poco. El 28 de mayo, al ser cuestionada sobre por qué la FGR había citado a declarar a la gobernadora Maru Campos, Sheinbaum cambió el relato. Ahora explicó con detalle que fue la FGR quien llevó el operativo: que la Fiscalía estatal de Chihuahua ubicó el laboratorio, pero que el desmantelamiento fue realizado por la Fiscalía General de la República. La FGR, es decir, una institución del gobierno federal, estuvo presente en la operación.

“Si la FGR participó en el operativo, ¿cómo es que la federación no estaba enterada? La contradicción no necesita interpretación. Se sostiene sola.”

La lógica es simple: si el desmantelamiento del narcolaboratorio fue ejecutado por la FGR, entonces el gobierno federal no solo ‘sabía’ del operativo: fue parte de él. Que dos agentes extranjeros hayan participado sin autorización expresa del Ejecutivo puede ser cierto, pero eso no cambia lo fundamental: la narrativa del 20 de abril, ‘no estábamos enterados’, quedó destruida por la versión del 28 de mayo, dada por la propia presidenta.

Y aquí viene la pregunta que nadie en Palacio Nacional quiere responder: si la FGR llevó el operativo, si el gobierno federal sí estaba presente, ¿por qué se usaron semanas para acusar a Maru Campos de atentar contra la soberanía nacional por un operativo en el que la federación participó?

“El juicio político fracasó. Los propios diputados de Morena dejaron vencer el plazo para ratificarlo. Algunos dijeron que ni sabían que tenían que ir a firmarlo.”

Once diputados locales morenistas de Chihuahua presentaron la solicitud de juicio político contra Campos acusándola de violar la Constitución y atentar contra la soberanía. El plazo para ratificarla en San Lázaro venció sin que ninguno compareciera. El procedimiento quedó sin efectos. Pero el daño que buscaban estaba hecho: semanas de ruido mediático, citatorios, conferencias mañaneras con tono acusatorio y movilizaciones organizadas contra una gobernadora que combatió al narco.

Sheinbaum insiste en que la FGR es autónoma y que el gobierno no investiga a Campos. Pero fue la presidenta quien, desde su tribuna diaria, encuadró el caso como un asunto de soberanía, quien respaldó la convocatoria a declarar y quien describió el operativo con un nivel de detalle que solo tiene quien estuvo informado. La autonomía de la FGR no se invoca cuando conviene y se olvida cuando incomoda.

El resultado político fue el opuesto al buscado. El caso convirtió a Maru Campos en el rostro nacional de la oposición, con expresidentes, dirigentes y ciudadanos respaldándola públicamente. Lo que buscaba ser una ejecución política terminó siendo un relanzamiento.

“Cuando el poder se contradice, no solo pierde credibilidad. Revela lo que siempre intentó ocultar.”

El caso Chihuahua no es solo el intento fallido de destruir a una gobernadora. Es la evidencia de cómo opera un gobierno que usa las instituciones como herramienta de control político: la FGR cuando le sirve para presionar, la soberanía cuando necesita un argumento, y la mañanera como tribunal de primera instancia. Eso no es Estado de derecho. Es la simulación de uno.

Y las contradicciones, tarde o temprano, siempre salen a la luz.