Proponen acompañamiento para jóvenes que salen de centros de asistencia social en Michoacán
Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026. — La diputada Teresita Herrera Maldonado, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar el artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, con el objetivo de establecer programas de acompañamiento para adolescentes bajo tutela del Estado que se preparan para vivir de manera independiente.
La propuesta plantea que autoridades estatales, municipales y centros de asistencia social implementen mecanismos de preparación y vinculación antes de que las personas adolescentes alcancen la mayoría de edad y deban enfrentar cambios en sus condiciones de residencia y cuidado.
Apoyo para vivienda, empleo y continuidad educativa
Herrera Maldonado explicó que la transición a la vida independiente puede representar dificultades para quienes han vivido en instituciones de asistencia social, particularmente en la búsqueda de vivienda, empleo y oportunidades educativas.
Entre las medidas previstas se encuentran la elaboración de planes individuales de transición, orientación laboral, capacitación económica, educación financiera, atención psicológica y acompañamiento para obtener documentos de identidad.
La iniciativa también considera la vinculación con instituciones educativas y centros de trabajo, con el propósito de facilitar la continuidad de los estudios y la incorporación al mercado laboral.
Legisladora señala retos al cumplir 18 años
Durante la presentación, la diputada mencionó que alrededor de 411 niñas y niños viven en centros de asistencia social en Michoacán. El comunicado no identifica la fuente estadística ni el periodo al que corresponde esa cifra.
La legisladora sostuvo que la protección institucional debe incluir herramientas para preparar la salida de los centros y evitar que el cumplimiento de la mayoría de edad implique una interrupción abrupta del acompañamiento.
La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de que las obligaciones planteadas puedan incorporarse a la legislación estatal.
