Cuando la justicia social llega a casa
Por Myriam Martínez Ramírez
Fundadora de Morena en Michoacán, docente y comunicadora.
Hoy quiero escribir desde mi propia historia. No solamente desde mis convicciones políticas, sino desde la experiencia de una mujer trabajadora que, como millones de mexicanas y mexicanos, ha dedicado buena parte de su vida a construir un patrimonio.
Lee también La transformación se fortalece escuchando a las bases: Myriam Martínez
En 2001, el Infonavit me brindó la oportunidad de adquirir una vivienda.
Recuerdo lo que significaba entonces pensar en una casa propia. La emoción de imaginar un hogar, pero también la responsabilidad de asumir un compromiso que me acompañaría durante muchos años.
Porque cuando una trabajadora adquiere una vivienda, no está comprando solamente paredes, puertas y ventanas. Está apostando por su futuro. Está buscando un lugar seguro para su familia. Está tomando una decisión que influirá en su economía y en su tranquilidad durante mucho tiempo.
Quienes hemos vivido esa experiencia sabemos que detrás de una casa hay mucho más de lo que se ve.
Hay jornadas de trabajo, cuentas que deben cuadrar, gastos que se posponen y decisiones que se toman pensando en el mañana.
Hay meses tranquilos y otros en los que todo parece complicarse.
Hay momentos en los que una se pregunta cuánto falta para terminar de pagar, para cerrar ese compromiso y para sentir que el esfuerzo de tantos años finalmente ha llegado a buen puerto.
Por eso, 25 años después, la posibilidad de cancelar mi hipoteca tiene para mí un significado profundamente emotivo.
No es simplemente un trámite.
Es mirar hacia atrás y reconocer el camino recorrido.
Es recordar a la mujer que era en 2001, sus sueños, sus preocupaciones y la esperanza con la que decidió construir su patrimonio.
Y es pensar en tantas mujeres que, al igual que yo, han trabajado durante años para sostener sus hogares y ofrecer mejores condiciones de vida a sus familias.
Porque cuando hablamos de vivienda, hablamos de la vida misma.
Pienso en la madre que sale temprano a trabajar y regresa cansada, pero satisfecha de saber que está construyendo algo para sus hijos.
Pienso en el trabajador que revisa sus recibos, organiza sus gastos y espera el día en que pueda concluir su crédito.
Pienso en las familias que han enfrentado dificultades económicas y que, aun así, no han renunciado al sueño de conservar su hogar.
Cada una tiene una historia distinta, pero muchas comparten el mismo anhelo: vivir con tranquilidad y tener certeza sobre el patrimonio que tanto esfuerzo les ha costado construir.
Por eso considero tan importante hablar de la cancelación de hipotecas desde una perspectiva humana.
Para una institución puede representar la conclusión de un procedimiento. Para una familia puede significar el cierre de una etapa de muchos años.
La diferencia es enorme.
Y ahí es donde encuentro el verdadero sentido de la justicia social.
Durante mi trayectoria política he defendido la convicción de que las instituciones deben estar al servicio de las personas. Pero hay experiencias que nos permiten comprender esa idea de una manera todavía más cercana.
Hoy la comprendo también desde mi propia casa.
Porque una política pública adquiere sentido cuando deja de ser una disposición escrita en un documento y se convierte en una respuesta concreta a las necesidades de la gente.
Cuando una familia puede concluir un trámite con claridad.
Cuando una mujer trabajadora obtiene certeza sobre su patrimonio.
Cuando los años de esfuerzo encuentran respaldo en instituciones que cumplen con su responsabilidad.
La justicia social también es poder dormir con la tranquilidad de saber que nuestro hogar está jurídicamente protegido.
En este contexto, reconozco a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar acciones orientadas a fortalecer la seguridad patrimonial de las familias mexicanas.
Me alegra su visita a Michoacán y me emociona vivir este momento desde una experiencia que comparto con tantas trabajadoras y trabajadores.
Mi reconocimiento nace de la gratitud, pero también de una convicción: el sentido de un gobierno comprometido con la justicia social debe encontrarse en la vida cotidiana de las personas.
Y esa responsabilidad no termina con anunciar un programa. También implica que sus beneficios sean accesibles, que los procedimientos se expliquen con claridad y que cada familia pueda obtener la certeza jurídica que le corresponde.
Porque todavía hay muchas personas esperando resolver situaciones relacionadas con su vivienda. Muchas familias que necesitan orientación, respuestas y acompañamiento institucional.
Pensar en ellas también es parte de celebrar los avances.
Hoy miro hacia aquel 2001 con una mezcla de emoción y gratitud.
Han pasado 25 años. La vida me ha enseñado muchas cosas, pero una de las más importantes es que los grandes logros no siempre hacen ruido.
A veces se parecen a una llave que guardamos con cariño.
A una puerta que abrimos todos los días.
A una mesa alrededor de la cual compartimos la vida.
O a la tranquilidad de saber que ese espacio, construido con años de trabajo, cuenta finalmente con la certeza jurídica que merece.
Por eso hoy mi alegría no es solamente personal.
Es también una forma de reconocer el esfuerzo de miles de familias mexicanas que han hecho de su trabajo el camino para construir un hogar.
Y de recordar que las decisiones públicas importan precisamente porque detrás de ellas hay personas, historias y esperanzas.
La justicia social adquiere su verdadero significado cuando se convierte en certeza para las familias.
Y pocas cosas representan mejor esa certeza que la tranquilidad de saber que el hogar por el que hemos trabajado tantos años está protegido.
Myriam Martínez Ramírez
