Michoacán estrena nueva Ley de Transparencia y acceso a información
Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán fue aprobada por la 76 Legislatura con 26 votos a favor, con el objetivo de fortalecer la legalidad, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones públicas del estado.
La normativa sustituye a la ley vigente desde 2016 y armoniza el marco estatal con la legislación general en la materia, alineándose al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
Un nuevo modelo de transparencia en Michoacán
El dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación, integra diversas iniciativas y establece un esquema más coordinado entre autoridades.
La nueva ley regula el derecho de acceso a la información en todos los niveles: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, organismos autónomos, fideicomisos y cualquier ente que ejerza recursos públicos o actos de autoridad.
Además, crea el Subsistema de Transparencia de Michoacán, que operará mediante un Comité encabezado por la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem) y conformado por representantes de distintos órganos garantes.
Facultades claras y fortalecimiento institucional
Entre los cambios más relevantes, los artículos 27 y 28 definen con precisión las atribuciones de las autoridades garantes, como:
- Resolver recursos de revisión
- Imponer sanciones y medidas de apremio
- Promover la cultura de la transparencia
- Establecer convenios interinstitucionales
- Fomentar igualdad sustantiva y accesibilidad
La legislación también refuerza la función cuasi jurisdiccional en materia de transparencia y fortalece la coordinación con el sistema anticorrupción, al contemplar la denuncia de posibles delitos y la intervención de órganos internos de control.
Principios y certeza jurídica
La nueva ley incorpora un catálogo de principios obligatorios, entre ellos: imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo.
Asimismo, los artículos transitorios establecen reglas claras sobre la continuidad de procedimientos y adecuaciones reglamentarias, con el fin de evitar vacíos legales y garantizar certeza jurídica.
