Alfredo Anaya propone justicia cívica especializada para adolescentes en Michoacán
Morelia, Michoacán, 23 de mayo de 2026.- El diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa para crear un procedimiento de justicia cívica para adolescentes en Michoacán, con el objetivo de atender faltas administrativas desde un enfoque preventivo, restaurativo y de derechos humanos, evitando que conductas de riesgo evolucionen hacia situaciones más graves.
La propuesta, presentada ante el Congreso del Estado, plantea reformar la Ley de Justicia Cívica de Michoacán mediante la creación del capítulo “Del Procedimiento de Justicia Cívica y Mediación Administrativa para Adolescentes”, que permitiría establecer mecanismos especializados para niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas administrativas.
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El legislador subrayó que la iniciativa no busca criminalizar ni estigmatizar a las juventudes, sino brindar herramientas de acompañamiento que favorezcan su reintegración social y fortalezcan la prevención desde edades tempranas.
“Debemos apostarle a la prevención y al acompañamiento, no a la sanción por sí sola. Nuestro compromiso es construir oportunidades para nuestros jóvenes y fortalecer el tejido social desde las primeras señales de riesgo”, expresó Alfredo Anaya.
¿Qué propone la reforma de justicia cívica para adolescentes?
La iniciativa establece que, cuando un adolescente incurra en una falta administrativa, las autoridades deberán privilegiar medidas educativas, de orientación y reintegración social, bajo el principio del interés superior de la niñez y el respeto a sus derechos fundamentales.
Además, contempla que las y los adolescentes tengan derecho a ser escuchados durante el procedimiento, recibir orientación jurídica adecuada y contar con el acompañamiento de madres, padres o tutores.
Las audiencias, según el planteamiento legislativo, se desarrollarían bajo principios de oralidad, transparencia y rapidez, buscando procedimientos más accesibles y efectivos.
Mediación y medidas formativas, no punitivas
Otro de los aspectos centrales de la propuesta es que jueces cívicos puedan canalizar casos hacia procesos de mediación administrativa o comunitaria, con el fin de promover el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción del entorno social.
La reforma también plantea evitar medidas privativas de la libertad como principal mecanismo de sanción y prohíbe que adolescentes sean retenidos en instalaciones destinadas a personas adultas, a fin de proteger su integridad física y emocional.
Asimismo, propone fortalecer el seguimiento institucional mediante bases de datos biométricas en direcciones de Justicia Cívica, para mejorar la coordinación con instancias como la Fiscalía y el DIF, facilitar la localización de padres o tutores y dar seguimiento a procesos de reintegración.
Con esta propuesta, Alfredo Anaya afirmó que busca fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención social, la protección de adolescentes y la construcción de un modelo de justicia más cercano y humano.
