Congreso de Michoacán aprueba glosas en derechos humanos y justicia del 4° Informe de Gobierno

18 de marzo de 2026, 15:40

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026. — La 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó las glosas en materia de derechos humanos y justicia del Cuarto Informe de Gobierno. Con esta acción, se busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad en Michoacán.

Durante sesión extraordinaria, diputadas y diputados avalaron los dictámenes presentados por las comisiones legislativas correspondientes.

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Exhortos para fortalecer derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos presentó el dictamen que incluye diversos exhortos al titular del Poder Ejecutivo estatal.

Entre ellos, se plantea implementar acciones contra el reclutamiento forzado, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Además, se solicita fortalecer la seguridad pública como garantía del derecho a la vida.

Asimismo, se propone mejorar la coordinación institucional para brindar atención integral a las víctimas. Estas medidas buscan responder a problemáticas prioritarias en la entidad.

Mayor rendición de cuentas y protección a grupos vulnerables

Por otro lado, el dictamen contempla reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. También se plantea sancionar las violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos.

Además, se incluyen acciones para fortalecer la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Con ello, se pretende avanzar en la consolidación del Estado de Derecho y la paz social.

Análisis del rubro de justicia y gobernabilidad

De manera paralela, la Comisión de Justicia presentó el dictamen relativo al apartado “Armonía, Paz y Reconciliación” del informe estatal.

Este documento también fue aprobado por el Pleno. En consecuencia, se establecieron recomendaciones orientadas a mejorar el sistema de justicia en la entidad.

Coordinación institucional para fortalecer la justicia

Finalmente, el Congreso exhortó al titular del Poder Ejecutivo a coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia.

El objetivo es impulsar programas que fortalezcan la impartición de justicia. Esto deberá realizarse conforme a lo establecido en la reforma constitucional del Poder Judicial.