Sandra Arreola propone hasta 20 años de prisión por tala ilegal en Michoacán
Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2026.- Con el objetivo de endurecer las sanciones contra la tala clandestina y la devastación forestal, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentará una iniciativa para incorporar el artículo 302 Bis al Código Penal de Michoacán, con penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.
La propuesta busca fortalecer el marco jurídico para combatir delitos ambientales relacionados con la destrucción de bosques, el cambio ilegal de uso de suelo y el aprovechamiento ilícito de recursos forestales.
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La iniciativa contempla agravantes y sanciones más severas
La legisladora plantea homologar el régimen sancionatorio de Michoacán con el modelo vigente en el Estado de México, donde se establecen agravantes específicas para castigar con mayor severidad estas conductas.
De aprobarse la reforma, se impondrían penas de cinco a quince años de prisión a quienes participen en la transportación, almacenamiento, procesamiento, comercialización o destrucción de productos provenientes de montes y bosques.
Para autores intelectuales, instigadores, personas que obtengan lucro indebido o quienes utilicen a menores de edad para cometer estos delitos, las sanciones irían de siete a quince años de cárcel.
Uso de motosierras y participación de funcionarios elevarían las penas
La iniciativa establece una pena de diez a veinte años de prisión y multas de mil a mil quinientos días cuando en la comisión de los delitos se utilicen motosierras, sierras manuales, vehículos de carga o participen servidores públicos.
Sandra Arreola explicó que el uso de estas herramientas demuestra una capacidad operativa orientada a la devastación de los recursos forestales, mientras que la intervención de funcionarios representa una circunstancia especialmente grave por el impacto que genera en la confianza institucional.
Michoacán enfrenta una alta incidencia de delitos ambientales
En la exposición de motivos, la diputada señaló que la riqueza forestal y la ubicación estratégica de Michoacán lo han convertido en una entidad vulnerable a la explotación ilegal de recursos naturales, muchas veces vinculada con estructuras organizadas.
Recordó que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 la entidad se ubicó entre los estados con mayor número de denuncias por delitos ambientales relacionados con tala y daño forestal.
Asimismo, indicó que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han documentado cientos de denuncias por deforestación y cambios ilegales de uso de suelo en distintas regiones.
“Estas cifras revelan que el marco sancionatorio vigente no ha sido suficiente para inhibir la reincidencia ni para desarticular las estructuras que operan este tipo de actividades ilícitas”, sostuvo la legisladora.
Buscan proteger los recursos naturales y garantizar un medio ambiente sano
La diputada subrayó que la protección de los bosques responde al derecho humano a un medio ambiente sano y que la destrucción de los ecosistemas impacta la biodiversidad, la seguridad hídrica, la estabilidad climática, la economía regional y la paz social.
Con esta propuesta, se busca reforzar la protección de los recursos forestales y establecer mecanismos más estrictos para combatir uno de los principales delitos ambientales que enfrenta Michoacán.
