Congreso de Michoacán impulsa “Ley Cazzu” para proteger movilidad de menores
Morelia, Michoacán, 08 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán aprobó enviar al Congreso de la Unión la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, una propuesta de reforma constitucional que busca garantizar la movilidad nacional e internacional de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono o incumplimiento reiterado de obligaciones parentales por parte de uno de los progenitores.
La propuesta, presentada el pasado 12 de marzo por la diputada Sandra María Arreola Ruiz ante el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea adicionar dos párrafos al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lee también Respalda Diana Espinoza al sector mezcalero
La iniciativa pretende reformar el marco jurídico para facilitar procedimientos sumarios que permitan a quien ejerce la guarda y custodia principal de niñas, niños o adolescentes obtener autorizaciones judiciales de tránsito de amplia temporalidad, particularmente cuando el otro progenitor incurra en abandono o incumpla de manera reiterada sus responsabilidades de crianza, convivencia o alimentos.
¿Qué propone la “Ley Cazzu”?
La denominada Ley Cazzu busca evitar que el ejercicio de la patria potestad sea utilizado como un mecanismo de control coercitivo contra quien asume efectivamente las tareas de cuidado.
El texto remitido al Congreso de la Unión establece que el Estado deberá garantizar que, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar relacionados con la salida del país, el traslado o la movilidad interna e internacional de menores, prevalezca el interés superior de la niñez.
Asimismo, la reforma propone proteger derechos fundamentales como la vida familiar, la identidad y la libertad de tránsito de niñas, niños y adolescentes, bajo una perspectiva integral de derechos humanos.
Perspectiva de género y protección a cuidadores
La propuesta constitucional también contempla que la legislación establezca mecanismos ágiles y accesibles, con perspectiva de género y enfoque de derechos de la niñez, para que la persona cuidadora principal pueda gestionar permisos de movilidad de largo plazo cuando enfrente abandono o incumplimiento injustificado por parte del otro progenitor.
El planteamiento incluye controles judiciales y el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano, además de prevenir que el incumplimiento parental sea utilizado como una forma de violencia o control sobre quienes ejercen la guarda y custodia.
Con ello, el Congreso de Michoacán busca abrir el debate nacional sobre mecanismos jurídicos que prioricen el bienestar de niñas, niños y adolescentes en contextos familiares complejos.
