Pómaro hace historia: se convierte en la comunidad indígena número 52 con autogobierno en Michoacán
Pómaro, Aquila, Michoacán, 14 de junio de 2026.- La comunidad indígena de Pómaro, en el municipio de Aquila, decidió transitar al modelo de autogobierno y se convirtió en la comunidad originaria número 52 de Michoacán en adoptar este sistema de administración comunitaria, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La decisión fue tomada durante una asamblea desarrollada de manera pacífica y democrática, convocada y validada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), donde las y los habitantes aprobaron por mayoría acceder al esquema de presupuesto directo y autogobierno.
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El mandatario estatal destacó que este paso representa un avance histórico para la autodeterminación de los pueblos originarios, al permitir que sean las propias comunidades quienes decidan de manera directa y transparente el destino de los recursos públicos.
“Con esta decisión, la comunidad de Pómaro toma el rumbo de su propia administración. Ahora serán los propios habitantes quienes determinen en qué se aplicarán los recursos para atender las necesidades más urgentes y prioritarias de su población”, señaló Ramírez Bedolla.
Presupuesto directo y autonomía comunitaria
El gobernador explicó que, con base en la legislación vigente, Pómaro tendrá la facultad legal de administrar sus recursos económicos y ejercerlos en obras, programas sociales comunitarios y acciones de desarrollo diseñadas por los propios habitantes.
Además, la comunidad podrá impulsar capacitaciones autónomas y proyectos de cooperación orientados a fortalecer el bienestar colectivo y preservar sus formas de organización tradicionales.
Michoacán suma 52 comunidades con autogobierno
Con la incorporación de Pómaro, Michoacán consolida un modelo de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, mediante el cual las comunidades pueden acceder al presupuesto directo y ejercer mecanismos de gobierno propios, en apego a sus usos y costumbres.
Este esquema busca fortalecer la participación comunitaria y garantizar que los recursos públicos sean destinados a las prioridades definidas por las propias localidades.
