Congreso de Michoacán aprueba protocolo para consultar a pueblos indígenas y personas con discapacidad
Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026.- El Congreso del Estado aprobó el Protocolo del Proceso Legislativo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad en materia de educación indígena y educación inclusiva, con el propósito de garantizar su participación en las decisiones legislativas relacionadas con este sector.
Con la aprobación del instrumento, la 76 Legislatura establece las bases para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, particularmente en materia de libre determinación y autonomía para participar en la construcción de modelos educativos.
Buscan garantizar el derecho a la consulta
El protocolo establece las reglas para llevar a cabo consultas sobre las medidas legislativas que se pretendan adoptar en materia de educación indígena y educación inclusiva.
Asimismo, contempla la participación de las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad.
Se sustenta en tratados internacionales y la Constitución
El Congreso del Estado precisó que el instrumento toma como base el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas.
Además, se sustenta en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Michoacán.
Atiende resolución de la Suprema Corte
La 76 Legislatura señaló que este protocolo será el instrumento rector para desarrollar las consultas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad en materia educativa.
La medida responde a una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la obligación de realizar procesos de consulta en este tipo de reformas.
