Sheinbaum propone reforma para frenar candidaturas ligadas al crimen organizado
Ciudad de México, 21 de mayo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos públicos en las elecciones de 2027. La iniciativa plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE), que analizará perfiles de aspirantes a petición voluntaria de los partidos políticos.
El objetivo de la reforma es que los partidos cuenten con un mecanismo institucional para identificar posibles riesgos antes de registrar candidaturas. La propuesta establece que los institutos políticos podrán entregar de forma voluntaria los nombres de sus aspirantes a la nueva comisión, la cual consultará información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
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Según explicó la mandataria durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el propósito es evitar que personas con presuntos nexos criminales accedan a candidaturas sin vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, afirmó la presidenta.
Cómo funcionará la Comisión de Verificación de Integridad
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
El mecanismo operaría en varias etapas. Primero, los partidos entregarían de forma voluntaria las listas de aspirantes. Posteriormente, las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia revisarían los perfiles y determinarían si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con grupos delictivos.
Con esa información, la comisión notificaría a los partidos políticos sobre la existencia o no de alertas, indicando qué dependencias detectaron posibles riesgos. La decisión final sobre registrar o no una candidatura quedaría en manos de cada partido político.
La propuesta también contempla que, si durante el proceso surgen elementos relevantes, las instituciones de seguridad y justicia continúen con las investigaciones correspondientes dentro de sus atribuciones legales.
Reforma busca aplicarse rumbo a las elecciones de 2027
La presidenta explicó que la iniciativa será enviada de inmediato para que pueda ser considerada dentro del próximo ciclo electoral federal.
Además, quienes aspiren a una candidatura deberán firmar obligatoriamente su consentimiento para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE. El procedimiento, según el gobierno federal, se desarrollará bajo criterios de confidencialidad y reserva de información para no afectar investigaciones o el debido proceso.
La propuesta surge en un contexto de creciente debate sobre la infiltración del crimen organizado en procesos electorales locales y federales, así como por los señalamientos sobre perfiles políticos vinculados con actividades ilícitas en distintas regiones del país.
